El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, endureció este jueves el discurso de la administración de Donald Trump contra la migración irregular al vincular directamente a personas indocumentadas con fraude financiero, robo de identidad y uso indebido de programas sociales federales.
Durante una conferencia en Bangor, Maine, Vance afirmó que el gobierno federal mantendrá la política de deportaciones y aumentará la presión sobre estados que limiten la cooperación con autoridades migratorias. El funcionario también declaró que “la gente debería hablar inglés en Estados Unidos”, en referencia a programas públicos de interpretación para migrantes.
El vicepresidente sostuvo que personas sin estatus legal utilizan identidades robadas para acceder a beneficios como Medicaid y SNAP, el programa federal de asistencia alimentaria. Según dijo, esta práctica afecta el historial financiero de ciudadanos estadounidenses cuyos datos son usados para tramitar apoyos públicos.
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En otro momento de la conferencia, Vance aseguró que la administración Trump dedicó los últimos 18 meses a expulsar a inmigrantes indocumentados y señaló que mantendrá esa estrategia durante el resto del mandato presidencial.
Trump endurece presión a estados
El funcionario anunció que el gobierno federal envió cartas a los sistemas estatales de Medicaid para exigir controles más estrictos contra el fraude. También advirtió que Washington podría retirar financiamiento a entidades que no colaboren con las nuevas medidas.
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Vance criticó directamente a la gobernadora de Maine, Janet Mills, a quien acusó de impedir la cooperación entre policías locales y agentes federales de migración. El vicepresidente señaló que algunos gobiernos estatales protegen a “extranjeros ilegales criminales” y dificultan las investigaciones federales.
La administración Trump también planteó que reforzará auditorías y verificaciones para garantizar que únicamente ciudadanos elegibles reciban beneficios sociales. Durante la conferencia, Vance afirmó que los programas públicos deben dirigirse a familias estadounidenses y no a personas que “no tienen derecho a estar” en el país.
El vicepresidente defendió que los recursos federales continúen para personas de bajos ingresos, pero sostuvo que el gobierno utilizará herramientas legales para obligar a los estados a cumplir con los controles antifraude.
Caso Raquia Mohamed
Para respaldar sus declaraciones, Vance mencionó el caso de Raquia Mohamed, una mujer acusada de obtener 15 millones de dólares mediante supuestos servicios de interpretación financiados con Medicaid. El vicepresidente afirmó que la acusada cobró recursos públicos durante cinco años sin prestar los servicios reportados.
El funcionario cuestionó por qué personas involucradas en fraudes permanecen en Estados Unidos y afirmó que el gobierno federal impulsará procesos penales contra quienes utilicen programas públicos de manera ilegal.
Durante el evento, Vance también pidió a ciudadanos y periodistas reportar posibles casos de fraude mediante la fuerza de tarea creada por la administración federal. El vicepresidente dijo que muchas investigaciones comenzaron a partir de denuncias ciudadanas.
“Hablen inglés”, dice Vance
Uno de los momentos que generó mayor atención ocurrió cuando Vance cuestionó el uso de intérpretes financiados por Medicaid para personas que no hablan inglés. El vicepresidente afirmó que hablar inglés en Estados Unidos representa “sentido común”.
Las declaraciones forman parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para reforzar controles migratorios y ampliar deportaciones. El gobierno federal también busca que policías locales colaboren con ICE y otras agencias en operativos contra migrantes sin documentos.
La conferencia en Maine ocurrió en medio de la reorganización de la política migratoria federal y de cambios recientes en el Departamento de Seguridad Nacional. La Casa Blanca mantiene como prioridad aumentar las deportaciones y fortalecer la vigilancia sobre programas sociales vinculados con población migrante.
VGB