Un jurado federal en Miami declaró culpable al excongresista de Florida David Rivera por su participación en una operación de cabildeo vinculada al gobierno de Nicolás Maduro. El fallo incluye cargos por conspiración, no registrarse como agente extranjero y lavado de dinero. La decisión se emitió este viernes 1 de mayo tras varias semanas de audiencias en una corte del sur de Florida.
El proceso judicial se desarrolló durante más de un mes e incorporó testimonios de funcionarios y actores políticos. Entre ellos participó el actual secretario de Estado, Marco Rubio, quien compareció como testigo. La fiscalía presentó el caso como una estrategia para influir en la política de Estados Unidos hacia Venezuela durante el primer mandato de Donald Trump.
De acuerdo con la acusación, Rivera estableció un acuerdo con una filial en Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana para impulsar gestiones ante autoridades estadounidenses. El objetivo consistió en promover un cambio en la política de sanciones contra el gobierno venezolano. La investigación ubicó estos hechos entre 2017 y 2018.
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La resolución también alcanzó a la consultora política Esther Nuhfer, señalada como colaboradora en las gestiones. Ambos enfrentaron cargos relacionados con el manejo de recursos y la omisión de registro ante el Departamento de Justicia. La sentencia contempló una posible pena de hasta 10 años de prisión para el exlegislador.
Red de contactos y contexto político
Durante el juicio, la fiscalía describió una red de contactos políticos utilizada para acercar posiciones entre actores vinculados a Washington y representantes del gobierno venezolano. El expediente incluyó reuniones organizadas en distintas ciudades, entre ellas Nueva York, Washington, Caracas y Dallas, como parte de los intentos de interlocución.
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Los fiscales sostuvieron que Rivera utilizó sus vínculos políticos para facilitar encuentros y transmitir propuestas. Parte de la evidencia presentada incluyó comunicaciones en las que se emplearon nombres clave para referirse a personas y recursos. Estas interacciones formaron parte de la estrategia descrita en el juicio.
En el contexto del caso, la acusación indicó que las gestiones buscaron influir en decisiones del gobierno estadounidense en un periodo marcado por sanciones económicas contra Venezuela. La fiscalía expuso que estas acciones no se registraron conforme a la legislación federal aplicable a agentes extranjeros.
Argumentos de la defensa
La defensa de Rivera rechazó los señalamientos y sostuvo que las actividades correspondieron a un contrato de consultoría de carácter comercial. Sus abogados argumentaron que el acuerdo se centró en proyectos relacionados con el sector energético y no en acciones políticas sujetas a registro.
También señalaron que los encuentros con funcionarios estadounidenses ocurrieron fuera del periodo contractual y respondieron a iniciativas independientes. Según esta postura, las acciones del excongresista buscaron propiciar cambios políticos en Venezuela sin beneficiar directamente al gobierno de Maduro.
Tras la lectura del veredicto, la jueza ordenó la detención de Rivera al considerar riesgo de fuga. El caso continuó en etapa de sentencia, donde se definirá la pena correspondiente conforme a los cargos establecidos por el jurado.
VGB