Lo que hoy se conoce globalmente como el "Modelo Bukele" no es solo una estrategia de seguridad, sino un complejo andamiaje político y mediático que el etnógrafo Luis Rodríguez Castillo define como un "encanto persistente" que amenaza con extenderse por América Latina.
Bajo la promesa de la paz, El Salvador ha entrado en una fase donde la excepción se ha vuelto la regla, transformando profundamente la estructura del Estado y la vida de sus ciudadanos, de acuerdo con el etnógrafo por la UNAM, adscrito al Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur.
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El origen: de la tregua a la guerra total
El contexto actual se enmarca en un régimen de excepción que se ha prolongado por cuatro años, caracterizado por una persecución "sin ton ni son" y la violación sistemática de derechos humanos.
Por ejemplo, organizaciones civiles contabilizan 6,889 denuncias por posibles violaciones a derechos humanos, en su mayoría relacionadas con detenciones consideradas arbitrarias.
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El régimen permite detenciones administrativas de hasta 15 días sin acceso inmediato a defensa legal, como parte de las disposiciones vigentes.
Y aunque las medidas punitivas no son nuevas en El Salvador, con antecedentes en los planes de "mano dura" de gobiernos anteriores, el modelo de Bukele dio un giro radical tras el pico de asesinatos en marzo de 2022, explica Luis Rodríguez Castillo.
Según informes, ese año marcó la ruptura de una posible alianza previa entre las maras y el gobierno, lo que llevó a Bukele a declarar una guerra contra un "enemigo interno" bajo una visión de control territorial absoluto.
Implementación del “estado de excepción” y muertes bajo custodia
Contexto: A finales de marzo de 2026, El Salvador cumplió cuatro años bajo un régimen de excepción que redefine su estrategia de seguridad. La medida surge tras un repunte de violencia en 2022 y desde entonces permanece vigente mediante prórrogas aprobadas por la Asamblea Legislativa. El gobierno de Nayib Bukele sostiene que esta política reduce de forma sostenida los homicidios y modifica las condiciones de seguridad en distintas zonas del país.
En paralelo, organizaciones de derechos humanos documentan efectos relacionados con el sistema penitenciario. Reportes independientes registran la muerte de al menos 500 personas bajo custodia estatal durante este periodo. Estas cifras colocan el tema en la agenda de organismos internacionales, mientras las autoridades salvadoreñas rechazan las acusaciones y sostienen que no existen prácticas ilegales en los centros de reclusión.
La organización Socorro Jurídico Humanitario presentó registros que elevan el número de fallecimientos en cárceles a más de 2,000 casos. Sus informes incluyen expedientes de personas sin vínculos comprobados con pandillas, lo que amplía el alcance de las revisiones. De acuerdo con estos datos, una proporción significativa de las víctimas no cuenta con antecedentes relacionados con estructuras criminales.
Familias de personas detenidas también presentan denuncias ante instancias nacionales e internacionales. Algunos casos refieren falta de atención médica y condiciones dentro de los centros penitenciarios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe parte de estos señalamientos para su análisis. El Estado salvadoreño mantiene una postura de rechazo frente a estas acusaciones.
El régimen de excepción entró en vigor el 27 de marzo de 2022 y desde entonces acumula 48 prórrogas legislativas. Durante este periodo, autoridades reportan más de 91,300 detenciones en el marco de la estrategia de seguridad. La aplicación de la medida incluye la suspensión de ciertos derechos constitucionales vinculados con el debido proceso.
Dudas sobre la eficacia del “estado de excepción”
Expertos como Luis Enrique Amaya, consultor internacional en pandillas, afirman que de la MS-13 solo quedan "sus restos, sus vestigios, sus cenizas", y que Bukele ha resuelto el problema de las pandillas al romper sus estructuras. Y una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA en enero de 2025 indicó que solo el 9.8% de los salvadoreños se siente "inseguro o muy inseguro" en su colonia.
Sin embargo, a pesar del discurso triunfalista del gobierno, los informes de inteligencia policial, como el de la Subdirección de Inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) de mayo de 2025, sugieren cautela. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, matizó en ese año que no se puede asegurar que las pandillas estén totalmente "desarticuladas", ya que existen "chequeos" (jóvenes en período de prueba) y "paros" (colaboradores).
El informe de la PNC al año pasado señala que la MS-13 todavía conserva 230 “clicas” (pandillas) activas en El Salvador, agrupadas en 32 programas. Se estima que, al 30 de abril de 2025, quedaban 4,682 miembros de la Mara Salvatrucha no detenidos en los archivos policiales. De estos, el 40% (aproximadamente 1,700) permanecerían ocultos en el país, mientras que unos 2,800 habrían huido a países como Guatemala, México y Honduras.
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Las seis piezas que sostienen el modelo
De acuerdo con el etnógrafo Luis Rodríguez Castillo, para comprender el éxito y el peligro de este sistema, es necesario analizar las seis piezas que componen su rompecabezas:
- Guerra interna continua: Se mantiene una narrativa de conflicto permanente contra las maras, utilizando al "enemigo interno" como una figura intercambiable según las necesidades del régimen.
- Normalización del terror de Estado: La población se ha sumido en una cultura de sumisión, no por reconocimiento genuino, sino por miedo y la nostalgia del "Hombre Fuerte" como sinónimo de estadista.
- Infraestructura espectacular: El uso de obras monumentales, como el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), sirve como un signo material del poder absoluto del Estado y como herramienta propagandística.
- Reconstrucción de la "verdad histórica": El régimen ha buscado eliminar hitos como los Acuerdos de Paz, calificándolos de farsa, para imponer un discurso mesiánico donde solo el presente importa.
- Desmantelamiento institucional: Se ha centralizado el poder mediante la remunicipalización y la eliminación de organismos gubernamentales, lo que conlleva una pérdida paulatina de derechos ciudadanos.
- Ocultamiento sistemático de la información: Existe una "reserva de información" generalizada. Muchas familias desconocen el paradero o estado de los detenidos hasta que llegan a los llamados "hospitales de la muerte" o descubren que han sido enterrados en fosas comunes.
La "Vida Nuda" y la necropolítica
El costo humano de este modelo es alarmante. Se han documentado miles de denuncias de tortura, tratos crueles y desapariciones forzadas. Desde un análisis antropológico y filosófico, los prisioneros del régimen han sido reducidos a lo que Giorgio Agamben llama "vida nuda": una existencia despojada de reconocimiento político y legal, donde el cuerpo es solo biología básica expuesta a la violencia del soberano.
Esta situación se describe también como una forma de necropolítica, donde el Estado ejerce el "derecho de matar" a través de la deshumanización y la cosificación de las víctimas, convirtiendo a los seres humanos en meras cifras dentro de un cálculo político.
Un espejo para la región
El "Modelo Bukele", de acuerdo con Rodríguez Castillo, se presenta ante el mundo como un éxito de seguridad y estabilidad económica, pero detrás de las narrativas grandilocuentes se esconde una crisis de derechos humanos y un desmantelamiento de la democracia.
Este modelo ha generado una economía moral transnacional que utiliza imágenes de dolor y sufrimiento para generar sentimientos como la compasión o la indignación moral, sin abordar las causas estructurales de la violencia.
En última instancia, el encanto mediático de Bukele funciona como un distractor de las condiciones políticas que lo generaron, convirtiéndose en una sombra que acecha la estabilidad democrática de toda Centro y Latinoamérica, advierte el especialista.
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