Un grupo de organizaciones salvadoreñas e internacionales denunció este jueves ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de los Estados Unidos una serie de atropellos supuestamente cometidos por el Estado de El Salvador bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
"El estado de emergencia no fue una desviación temporal de las normas constitucionales y de los estándares internacionales de derechos humanos, sino la base estructural sobre la cual se han normalizado graves violaciones a los derechos humanos y la concentración de poder bajo la apariencia de legalidad", dijo en la audiencia pública el director ejecutivo de la organización Cristosal, Noah Bullock.
Bullock aseveró que, "después de cuatro años bajo un estado de excepción, el entorno de seguridad en el país de El Salvador se ha transformado" y "la violencia criminal de las pandillas ha sido reemplazada por la corrupción y la violencia de un régimen autocrático".
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"Mientras nosotros estamos aquí hoy, los salvadoreños continúan sufriendo abusos de derechos humanos; y nuevos casos de tortura y muertes bajo custodia del Estado surgen regularmente", expresó.
El director de Cristosal agregó que "siguen surgiendo nuevos casos de tortura y muertes bajo custodia del Estado", que según sus registros suman 513, de los que "420 han sido plenamente investigados y documentados".
Las acusaciones de supuestas violaciones a derechos humanos cometidas bajo esta polémica medida de emergencia, que suspende garantías constitucionales, han sido negadas en diversas ocasiones por el Gobierno de Nayib Bukele, incluso ante instancias internacionales.
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En la comparecencia estuvieron además, Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador; Isabel Carlota Roby, abogada para América Latina del Centro de Derechos Humanos Robert y Ethel Kennedy; Juan Pappier, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch (HRW); Susana SáCouto, directora de la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra, y Andrés Martínez-Fernández, analista para América Latina de Heritage Foundation.
El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, dominada por el gobernante partido Nuevas Ideas (NI), como medida extraordinaria tras un fin de semana con más de 80 homicidios.
Bajo este régimen se registra la detención de más de 91,000 personas y de las que Bukele ha reconocido al menos 8,000 "inocentes".
En este contexto de suspensión de garantías constitucionales para combatir a las pandillas, las organizaciones humanitarias han recogido más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos y al menos 512 muertes en custodia estatal.
Un informe advierte de crímenes de lesa humanidad bajo régimen de excepción en El Salvador
Recientemente, un panel de abogados internacionales presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la ONU en el que se afirma que en el país centroamericano se habrían cometido violaciones a derechos humanos que "podrían constituir crímenes de lesa humanidad".
El informe, presentado en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Guatemala, fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).
"El informe concluye que existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)", señala el documento leído durante la sesión.
Además, "los casos documentados indican la existencia de una política de actuación policial y militar, conocida y promovida incluso por los más altos mandos del gobierno del presidente Nayib Bukele".
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A 4 años de régimen de excepción hay más de 2,000 muertes
La organización Socorro Jurídico Humanitario presentó registros que elevan el número de fallecimientos en cárceles a más de 2,000 casos. Sus informes incluyen expedientes de personas sin vínculos comprobados con pandillas, lo que amplía el alcance de las revisiones. De acuerdo con estos datos, una proporción significativa de las víctimas no cuenta con antecedentes relacionados con estructuras criminales.
Familias de personas detenidas también presentan denuncias ante instancias nacionales e internacionales. Algunos casos refieren falta de atención médica y condiciones dentro de los centros penitenciarios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe parte de estos señalamientos para su análisis. El Estado salvadoreño mantiene una postura de rechazo frente a estas acusaciones.
El régimen de excepción entró en vigor el 27 de marzo de 2022 y desde entonces acumula 48 prórrogas legislativas. Durante este periodo, autoridades reportan más de 91,300 detenciones en el marco de la estrategia de seguridad. La aplicación de la medida incluye la suspensión de ciertos derechos constitucionales vinculados con el debido proceso.
El sistema penitenciario registra una población superior a 107,000 personas privadas de la libertad. El presidente reconoce la detención de al menos 8,000 personas sin vínculos delictivos. A pesar de este dato, encuestas recientes ubican la aprobación del gobierno en niveles altos, impulsados por la percepción de mayor seguridad en comunidades.