A finales de marzo de 2026, El Salvador alcanza cuatro años bajo un régimen de excepción que redefine su estrategia de seguridad. La medida surge tras un repunte de violencia en 2022 y desde entonces permanece vigente mediante prórrogas aprobadas por la Asamblea Legislativa. El gobierno de Nayib Bukele sostiene que esta política reduce de forma sostenida los homicidios y modifica las condiciones de seguridad en distintas zonas del país.
En paralelo, organizaciones de derechos humanos documentan efectos relacionados con el sistema penitenciario. Reportes independientes registran la muerte de al menos 500 personas bajo custodia estatal durante este periodo. Estas cifras colocan el tema en la agenda de organismos internacionales, mientras las autoridades salvadoreñas rechazan las acusaciones y sostienen que no existen prácticas ilegales en los centros de reclusión.
Muertes bajo custodia
La organización Socorro Jurídico Humanitario presentó registros que elevan el número de fallecimientos en cárceles a más de 2,000 casos. Sus informes incluyen expedientes de personas sin vínculos comprobados con pandillas, lo que amplía el alcance de las revisiones. De acuerdo con estos datos, una proporción significativa de las víctimas no cuenta con antecedentes relacionados con estructuras criminales.
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Familias de personas detenidas también presentan denuncias ante instancias nacionales e internacionales. Algunos casos refieren falta de atención médica y condiciones dentro de los centros penitenciarios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe parte de estos señalamientos para su análisis. El Estado salvadoreño mantiene una postura de rechazo frente a estas acusaciones.
Detenciones y alcance de la medida
El régimen de excepción entró en vigor el 27 de marzo de 2022 y desde entonces acumula 48 prórrogas legislativas. Durante este periodo, autoridades reportan más de 91,300 detenciones en el marco de la estrategia de seguridad. La aplicación de la medida incluye la suspensión de ciertos derechos constitucionales vinculados con el debido proceso.
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El sistema penitenciario registra una población superior a 107,000 personas privadas de la libertad. El presidente reconoce la detención de al menos 8,000 personas sin vínculos delictivos. A pesar de este dato, encuestas recientes ubican la aprobación del gobierno en niveles altos, impulsados por la percepción de mayor seguridad en comunidades.
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Denuncias y seguimiento internacional
Organizaciones civiles contabilizan 6,889 denuncias por posibles violaciones a derechos humanos, en su mayoría relacionadas con detenciones consideradas arbitrarias. Informes elaborados por instancias internacionales analizan patrones en las condiciones de reclusión y en los procesos de detención. Estos documentos forman parte del seguimiento que se mantiene sobre la política de seguridad salvadoreña.
El régimen permite detenciones administrativas de hasta 15 días sin acceso inmediato a defensa legal, como parte de las disposiciones vigentes. Este elemento se integra al conjunto de medidas que continúan bajo revisión por organismos y especialistas. El desarrollo de esta política mantiene abierto el debate entre seguridad pública y garantías individuales.
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VGB