El Salvador transformó su imagen internacional en los últimos años. El país pasó de registrar altos índices de homicidios y control territorial de pandillas a encabezar indicadores de crecimiento turístico en América. Este cambio se vinculó con la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Nayib Bukele desde 2022.
Durante décadas, estructuras como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 ejercieron dominio en barrios urbanos y zonas rurales. Estas organizaciones surgieron en Los Ángeles en la década de 1980 y se expandieron tras deportaciones masivas hacia Centroamérica en los años noventa. En ese contexto, El Salvador enfrentó tasas de violencia que lo colocaron entre los países con más homicidios del mundo.
Gobiernos anteriores aplicaron planes de seguridad conocidos como “Mano Dura” y “Súper Mano Dura”. Estas medidas priorizaron capturas masivas y reformas penales. También existieron acercamientos con líderes de pandillas para reducir asesinatos de forma temporal. Ninguna de estas estrategias logró un control sostenido del fenómeno criminal.
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El 27 de marzo de 2022 marcó un punto de quiebre. Tras una jornada con 87 homicidios, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción a solicitud del Ejecutivo. La medida suspendió garantías constitucionales, amplió el plazo de detención administrativa a 15 días y permitió capturas sin orden judicial.
Régimen de excepción y seguridad
Desde la entrada en vigor del régimen, fuerzas de seguridad realizaron operativos en distintas comunidades. El gobierno reportó más de 90 mil personas detenidas por presuntos vínculos con pandillas. Las cifras oficiales señalaron una reducción de homicidios a menos de dos por cada 100 mil habitantes.
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Las autoridades implementaron el Plan Control Territorial y desplegaron militares y policías en zonas identificadas como focos delictivos. También construyeron el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con capacidad para 40 mil internos. El Ejecutivo presentó estas acciones como parte de una estrategia integral contra estructuras criminales.
La mejora en los indicadores de seguridad influyó en la percepción internacional del país. El gobierno de Estados Unidos redujo su nivel de alerta para viajeros hacia El Salvador. Operadores turísticos y aerolíneas ampliaron rutas y paquetes hacia destinos salvadoreños.
Liderazgo en crecimiento turístico
Datos del Barómetro del Turismo Mundial de ONU Turismo, publicados en enero de 2026, ubicaron a El Salvador como el país con mayor crecimiento turístico en América y el tercero a nivel global. En 2025, el país registró un aumento del 92% en llegadas internacionales respecto a 2019. Solo Bután y Qatar superaron ese porcentaje.
En la región, El Salvador superó a Curazao, Colombia, Brasil, Guatemala y República Dominicana en variación de visitantes. El país recibió 4.1 millones de turistas en 2025. Los ingresos por turismo internacional crecieron 211% frente a niveles prepandemia.
El sector generó 3 mil 635 millones de dólares en divisas, cifra equivalente a cerca del 10% del PIB nominal. Autoridades promovieron el posicionamiento del país como destino emergente en Centroamérica.
Surf City y renovación urbana
La estrategia turística se concentró en proyectos específicos. Surf City, en el departamento de La Libertad, atrajo competencias internacionales y visitantes vinculados al surf. Playas como El Tunco y El Zonte incrementaron su ocupación hotelera y oferta gastronómica.
En San Salvador, el gobierno invirtió más de 163 millones de dólares en la recuperación del Centro Histórico. Espacios como la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y la Biblioteca Nacional ampliaron horarios y actividades culturales. El flujo de visitantes se extendió a rutas naturales como el volcán de Santa Ana y a localidades históricas como Perquín.
Eventos internacionales, incluidos certámenes y conciertos, formaron parte de la promoción del país. Estas actividades generaron afluencia de turistas extranjeros y dinamizaron servicios locales.
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Denuncias y debate internacional
Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Cristosal documentaron denuncias relacionadas con el régimen de excepción. Informes señalaron detenciones de personas sin antecedentes y liberaciones posteriores reconocidas por el propio gobierno.
Registros de organizaciones civiles reportaron muertes bajo custodia estatal y posibles casos de malos tratos en centros penitenciarios. El Ejecutivo sostuvo que las capturas responden a investigaciones contra estructuras criminales.
Familiares de detenidos solicitaron información sobre el paradero y estado de salud de internos. Colectivos ciudadanos organizaron concentraciones para exigir revisión de casos.
El Salvador mantiene una tasa de aprobación presidencial superior al 90%, según encuestas locales. Mientras el turismo consolida su crecimiento, el país enfrenta el desafío de sostener su modelo de seguridad y desarrollo económico bajo observación internacional.
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VGB
