La administración de Donald Trump aprobó una nueva norma que facilitaría el despido de hasta 50,000 empleados federales dedicados a tareas de formulación de políticas públicas. La medida, que debilita protecciones históricas del servicio civil y limita los mecanismos de denuncia interna, ha generado una fuerte reacción de sindicatos, legisladores y organizaciones civiles, que advierten sobre una posible politización de la burocracia federal.
La Casa Blanca finalizó este jueves una regulación conocida como Schedule Policy/Career, que reclasifica a miles de trabajadores públicos de carrera y los coloca en una situación similar a la de los nombramientos políticos, es decir, con posibilidad de ser despedidos “a voluntad”.
Según la Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés), el objetivo es contar con mayor margen para remover a funcionarios que, a juicio del Ejecutivo, obstaculizan las prioridades del gobierno de Trump.
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“Esto no tiene que ver con las ideas de las personas, sino con si están cumpliendo efectivamente sus funciones en nombre del pueblo estadounidense y de acuerdo con los objetivos de esta administración”, afirmó Scott Kupor, director de la OPM.
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¿Qué implica la nueva clasificación Schedule Policy/Career?
Con esta norma, una amplia franja del funcionariado federal pierde salvaguardas tradicionales del sistema meritocrático, vigente desde el siglo XIX para evitar el llamado spoils system, es decir, la asignación de cargos por lealtad política.
Aunque el presidente puede designar a ciertos altos cargos, estos representan solo una pequeña fracción de la fuerza laboral federal, que históricamente ha operado de manera no partidista, independientemente del partido en el poder.
La regulación también modifica de forma sustancial los mecanismos de denuncia de irregularidades. Los empleados bajo Schedule Policy/Career ya no podrán acudir a la Oficina del Asesor Especial (OSC), un organismo independiente, para reportar casos de fraude, abuso o mala gestión.
En su lugar, deberán presentar sus quejas dentro de su propia agencia, donde el proceso será supervisado por el asesor legal general, un cargo designado políticamente.
Kupor sostuvo que las agencias estarán obligadas a crear procesos internos de investigación “con personal no directamente involucrado”, aunque reconoció que se trata de una solución limitada.
Sindicatos y organizaciones civiles denuncian politización
La American Federation of Government Employees (AFGE), el mayor sindicato de empleados federales, calificó la medida como un ataque frontal al servicio civil profesional.
“Esta regla es un asalto directo a un servicio público no partidista, basado en el mérito, del que dependen los estadounidenses todos los días”, declaró Everett Kelley, presidente de la AFGE.
El sindicato alertó que la nueva clasificación abre la puerta al clientelismo político, silencia a los denunciantes y reemplaza a profesionales experimentados por personas leales al poder de turno.
En la misma línea, Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, organización que lidera la demanda judicial contra la norma, sostuvo que se trata de un intento deliberado de eludir la ley:
“Es un esfuerzo para despojar a los servidores públicos de sus derechos y facilitar despidos por razones políticas, perjudicando al pueblo estadounidense”.
Trump ya había intentado una maniobra similar al final de su primer mandato, bajo el nombre de Schedule F, que también fue impugnada en los tribunales. Posteriormente, el expresidente Joe Biden impulsó una norma que impedía reclasificar a empleados federales sin su consentimiento, protección que ahora está siendo revertida.
Para los críticos, este vaivén normativo debilita la estabilidad institucional y erosiona uno de los pilares de la administración pública estadounidense: la continuidad y neutralidad del Estado.
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Reacciones políticas y acusaciones de “Estado profundo”
Los senadores demócratas por Virginia, Tim Kaine y Mark Warner, advirtieron que la medida podría afectar la seguridad nacional y el acceso de los ciudadanos a servicios esenciales.
“Si queremos seguir liderando el mundo, necesitamos una fuerza laboral federal basada en el mérito, no en la política”, señalaron en un comunicado conjunto.
Desde la OPM, en cambio, un funcionario defendió la regla y acusó a sectores del funcionariado de resistencia interna y mala conducta, citando incluso la filtración previa del borrador de la norma como prueba de un supuesto sabotaje administrativo.
AJA