La cifra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asesinados en Guatemala ascendió este sábado a 11, tras confirmarse el fallecimiento de un oficial que se encontraba gravemente herido debido a la ofensiva armada lanzada por la pandilla Barrio 18.
La víctima, identificada como Sergio Iván García Hernández, murió en un hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde permanecía en cuidados intensivos tras ser baleado el pasado 18 de enero.
García Hernández y su compañero, Luis Alexander Zetino Pérez —quien falleció en el lugar del ataque—, fueron emboscados por hombres armados mientras prestaban servicio en el municipio de Villa Nueva, colindante con la capital guatemalteca, según el reporte oficial.
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Según las autoridades, los ataques de la estructura criminal responden como represalia a la reciente recuperación del control estatal de tres centros carcelarios, donde el pasado 17 de enero se registraron motines.
El Ministerio de Gobernación (Interior), encabezado por Marco Antonio Villeda, y el director general de la PNC, David Custodio Boteo, lamentaron en sendos comunicados la "pérdida irreparable" del agente caído en "cumplimiento de su deber".
Ante la gravedad de la situación, el gobierno de Guatemala mantiene vigente un estado de sitio a nivel nacional. La cúpula policial reiteró este sábado que no cederá ante los embates de las estructuras criminales, mientras se preparan las honras fúnebres del agente en la sede central de la institución.
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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó el domingo 18 de enero el estado de sitio durante 30 días en todo el país después de una oleada de violencia por parte de las pandillas con ataques a las fuerzas de seguridad y motines en las cárceles.
El origen del conflicto
El conflicto entre las pandillas y el gobierno de Arévalo de León empezó de manera frontal en julio pasado con el asesinato de siete personas que velaban en una funeraria, en el centro de la Ciudad de Guatemala, a un presunto pandillero de la estructura criminal denominada "Mara Salvatrucha".
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El ataque, perpetrado presuntamente por varios sicarios de la pandilla enemiga, "Barrio 18", provocó que el gobierno de Arévalo de León ordenara el traslado de sus líderes a una cárcel de alta seguridad, denominada 'Renovación 1', ya que la matanza supuestamente fue organizada desde la prisión en las que se encontraban originalmente.