Tres mujeres murieron por un ataque con armas de fuego durante la madrugada del martes en el asentamiento Nueva Jerusalén, en la periferia norte de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos quedaron sobre la vía pública tras una agresión directa. Vecinos reportaron detonaciones en horas de la noche y alertaron a los servicios de emergencia.
Las autoridades identificaron a Astrid Abigail Marroquín, de 25 años, entre las víctimas. Las otras dos personas fallecidas eran menores de edad y formaban parte de su familia. Personal de socorro confirmó que una de las adolescentes cursaba el cuarto mes de embarazo al momento del ataque.
Agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron la zona y realizaron diligencias periciales. En el sitio, los investigadores levantaron al menos 15 casquillos de arma de fuego. El Ministerio Público inició una carpeta de investigación para determinar responsables y establecer el móvil del crimen.
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Este hecho se incorporó a los registros oficiales de violencia contra mujeres en el país. Guatemala concluyó el año anterior con 407 asesinatos de mujeres, según datos de instancias de seguridad. Las autoridades mantuvieron el resguardo del área durante varias horas para completar las diligencias.
Medidas de excepción y crisis de seguridad
El ataque ocurrió durante un estado de sitio vigente en todo el territorio nacional por un periodo de 30 días. El presidente Bernardo Arévalo de León decretó la medida y el Congreso la ratificó. El régimen autorizó detenciones y allanamientos sin orden judicial y limitó la movilidad y la reunión.
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La decisión respondió a una escalada de violencia registrada desde el fin de semana. Diez agentes de la Policía Nacional Civil murieron tras ataques atribuidos a pandillas. Los hechos se concentraron en distintos puntos del país y activaron operativos de seguridad.
De forma paralela, centros penitenciarios como Renovación I, Fraijanes II y la cárcel de la Zona 18 registraron motines. Personas privadas de la libertad tomaron rehenes y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. Las autoridades retomaron el control tras negociaciones y despliegues tácticos.
Funcionarios de seguridad señalaron a Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, identificado como líder del Barrio 18, como presunto coordinador de los hechos. Las demandas incluyeron un traslado a un penal de menor seguridad y condiciones específicas de reclusión.
El gobierno relacionó el aumento de la violencia con reacciones de estructuras criminales ante cambios previstos en el sistema de justicia. Entre las acciones preventivas, las autoridades suspendieron clases de manera temporal y reforzaron la presencia militar en puntos estratégicos del país.
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Con información de EFE
VGB