El Gobierno de Estados Unidos presentó una demanda civil contra la migrante Marta Alicia Ramírez Veliz por no salir del país tras recibir una orden final de deportación. La acción legal solicita el pago de 941,114 dólares, monto que deriva de su permanencia posterior a la resolución migratoria.
El Departamento de Justicia ingresó la demanda ante el Tribunal de Distrito en Richmond, Virginia. El escrito sostiene que la persona demandada permaneció en territorio estadounidense pese a contar con una instrucción definitiva de salida emitida por las autoridades migratorias.
La demanda se fundamenta en disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta normativa permite la imposición de sanciones civiles a extranjeros que no acatan una orden de expulsión dentro del plazo establecido por la autoridad competente.
Te podría interesar
El cálculo de la sanción se basó en una tarifa diaria fijada por la legislación migratoria. El monto acumulado corresponde al número de días contabilizados desde la resolución administrativa definitiva hasta la fecha considerada por el gobierno federal.
Base legal y cálculo de la sanción
Según la demanda, la multa diaria asciende a 998 dólares por cada día de permanencia posterior a una orden final de deportación. Las autoridades aplicaron esta fórmula para determinar el monto total exigido en el proceso judicial.
Te podría interesar
En el caso de Ramírez Veliz, el cómputo incluyó 943 días de permanencia. El periodo inició el 23 de septiembre de 2022, cuando la Junta de Apelaciones de Inmigración rechazó su último recurso, y concluyó el 24 de abril de 2025.
El Gobierno federal indicó que la legislación vigente autoriza la acumulación diaria de sanciones mientras la persona no abandona el país. La demanda solicita el pago íntegro del monto señalado, además de los intereses correspondientes.
El expediente judicial no incluye un mecanismo automático de condonación. La resolución del tribunal determinará si procede el cobro conforme a los argumentos presentados por el Departamento de Justicia.
Antecedentes del procedimiento migratorio
El proceso migratorio de la demandada inició el 1 de julio de 2019, cuando un juez de inmigración ordenó su salida de Estados Unidos. A partir de esa fecha, la persona utilizó los recursos administrativos disponibles dentro del sistema migratorio.
Tras el rechazo de la última apelación en 2022, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas notificó la obligación de abandonar el país. En abril de 2025, la autoridad comunicó la intención de imponer la multa correspondiente.
La notificación otorgó un plazo de 30 días para presentar una respuesta administrativa. De acuerdo con el expediente judicial, no se registró una contestación dentro del periodo señalado.
Ante esa situación, el Departamento de Justicia solicitó al tribunal federal la ejecución judicial del cobro. La mujer reside en el condado de Chesterfield, en el estado de Virginia.
Facultades para el cobro de la multa
La demanda señala que el Gobierno cuenta con mecanismos legales para garantizar el cobro de sanciones civiles. Entre estas facultades se encuentran el embargo de salarios y la incautación de bienes.
El marco legal también permite la venta de activos y la participación de agencias privadas de cobro. Estas acciones pueden activarse una vez que el tribunal emita una resolución favorable a la autoridad demandante.
Las sanciones económicas se mantienen vigentes aun si la persona abandona posteriormente el país. La deuda permanece registrada mientras no se cubra el monto determinado por la autoridad judicial.
El Departamento de Justicia no precisó un calendario de ejecución. El avance del proceso depende del curso del litigio en la corte federal de Virginia.
Autodeportación como alternativa vigente
De manera paralela a las sanciones, el Gobierno federal mantiene activo el programa denominado “Proyecto Vuelta a Casa”. Esta iniciativa busca incentivar la salida voluntaria de migrantes sin estatus legal.
El programa opera a través de la aplicación móvil CBP Home. Las personas interesadas pueden registrarse para iniciar un proceso de salida ordenada del país.
Entre los incentivos se incluye un bono de salida de 2,600 dólares y un boleto de avión sin costo. El esquema también contempla la condonación de multas previas asociadas a órdenes de salida no cumplidas.
La demanda presentada en Virginia se desarrolla en este contexto. El fallo del tribunal definirá el alcance del uso de sanciones económicas en casos de incumplimiento de órdenes de deportación.
VGB