La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lanzó una alerta sobre el incremento de procesos judiciales promovidos contra periodistas y medios de comunicación en Colombia. De acuerdo con la organización, estas acciones legales estarían siendo utilizadas como un mecanismo de presión que afecta directamente el ejercicio periodístico y el derecho de la sociedad a recibir información plural y oportuna.
En un pronunciamiento público, la SIP sostuvo que no se trata de hechos aislados, sino de una tendencia preocupante que apunta a intimidar, censurar o dificultar investigaciones y opiniones relacionadas con asuntos de interés público.
El caso de la periodista Lorena Beltrán
Uno de los ejemplos citados por la SIP es el de la periodista Lorena Beltrán, quien actualmente se encuentra exiliada. Según información de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Beltrán enfrenta un nuevo proceso judicial que incluso fue notificado en el país donde reside, pese a que su ubicación no es de conocimiento público.
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La periodista investigó a cirujanos plásticos que presuntamente ejercían sin cumplir con los requisitos legales. A raíz de estos trabajos, ya había sido objeto de cuatro acciones de tutela por parte de los médicos señalados. El nuevo proceso, notificado el 31 de diciembre de 2025, incrementó su temor por la seguridad personal, según lo expuesto por organizaciones de defensa de la prensa.
Acciones legales contra Ana Bejarano Ricaurte
La SIP también destacó el caso de la columnista Ana Bejarano Ricaurte. El candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció acciones judiciales en su contra tras la publicación de una columna el 11 de enero, en la que cuestionó su trayectoria profesional y su discurso político.
El texto abordaba, entre otros puntos, su relación con Alex Saab, señalado como presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro y detenido en Estados Unidos. Para la SIP, este caso se inscribe en el mismo patrón de uso de mecanismos judiciales frente a opiniones periodísticas.
Advertencia sobre las SLAPPs y llamado institucional
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, afirmó que estas acciones constituyen un uso abusivo del sistema judicial para castigar y silenciar voces críticas, además de desalentar investigaciones periodísticas. Subrayó que el hostigamiento judicial vulnera tanto los derechos de los periodistas como el de la ciudadanía a informarse.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, llamó a las autoridades colombianas a evitar la instrumentalización del aparato judicial y a garantizar salvaguardas efectivas contra las llamadas SLAPPs, demandas estratégicas cuyo objetivo es el desgaste emocional, económico y la autocensura.
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La SIP recordó que tanto la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH como la Declaración de Chapultepec establecen que ninguna presión judicial debe usarse para silenciar la labor periodística ni sancionar la difusión de información veraz o crítica.
LSHV