La justicia de Venezuela dictó una sentencia de 15 años de prisión contra Juan Francisco Alvarado, estudiante de Comunicación Social de 31 años. El fallo se vinculó con publicaciones donde reportó deficiencias en servicios públicos de su localidad.
Las denuncias circularon en redes sociales y mediante la aplicación oficial VenApp.
Los mensajes describieron el desbordamiento de aguas negras y la falta de reparación de transformadores eléctricos en el sector de Apartadero, estado Cojedes.
El Ministerio Público presentó cargos por incitación al odio y rebelión. La acusación se basó en el monitoreo de contenidos digitales, práctica identificada por organizaciones gremiales como patrullaje cibernético.
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Familiares del estudiante indicaron que los reportes se limitaron a informar sobre problemas de infraestructura y obras pendientes en la comunidad.
Cargos y desarrollo del proceso penal
El procedimiento judicial recibió observaciones de organizaciones de prensa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que la audiencia de juicio ocurrió por vía telefónica debido a fallas de conectividad.
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Durante el proceso no comparecieron algunos testigos propuestos por la fiscalía. Tampoco se presentaron peritajes técnicos que acreditaran la propiedad de las cuentas digitales señaladas en la acusación.
Alvarado permanece recluido en un comando de la Guardia Nacional ubicado en Guanare, estado Portuguesa. La detención continúa pese a su condición de civil y a que presenta un padecimiento crónico que requiere atención médica periódica.
El centro de reclusión depende de autoridades militares, según reportes de organizaciones de prensa.
Situación de comunicadores detenidos
El caso se ubica en un contexto donde se registraron liberaciones recientes de trabajadores de medios en Venezuela. Sin embargo, Alvarado figura entre seis comunicadores que continúan privados de la libertad por causas políticas, de acuerdo con organizaciones civiles.
Estos registros forman parte del seguimiento a procesos judiciales contra periodistas y estudiantes vinculados con la comunicación.
En enero de 2026 inició un proceso de excarcelaciones de personas consideradas presas políticas. Organizaciones independientes confirmaron liberaciones parciales y mantuvieron listados de personas que permanecen detenidas.
Las cifras reportadas mostraron diferencias entre datos oficiales y conteos de organismos de derechos humanos.
Contexto de las excarcelaciones
Las liberaciones incluyeron a ciudadanos venezolanos y extranjeros, según reportes públicos. En varios casos se aplicaron medidas restrictivas posteriores a la salida de prisión.
Familiares de personas detenidas realizaron concentraciones frente a centros penitenciarios para solicitar información sobre los procesos en curso.
Organismos internacionales reiteraron llamados para revisar causas penales y liberar a personas detenidas. Estas solicitudes se emitieron en un escenario marcado por procesos judiciales abiertos tras acontecimientos políticos recientes.
Con información del SNTP.
VGB