La Misión Permanente de Argentina solicitó a la Organización de los Estados Americanos una sesión del Consejo Permanente para analizar la situación de las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. La reunión se programó para el 21 de enero de 2026. Costa Rica, Paraguay, Perú y Antigua y Barbuda respaldaron la petición. La solicitud incluyó la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una exposición técnica ante los Estados miembros.
La gestión argentina se apoyó en reportes de la CIDH y en pronunciamientos del secretario general de la OEA sobre detenciones vinculadas a razones políticas. El planteamiento buscó colocar el tema en la agenda institucional del organismo. El Consejo Permanente recibirá información sobre condiciones de detención y procesos judiciales. La sesión se realizará en la sede del organismo en Washington.
En paralelo, el gobierno de Venezuela informó la liberación de personas detenidas. Autoridades del Ejecutivo señalaron la excarcelación de 406 personas hasta mediados de enero de 2026. Los anuncios oficiales presentaron las liberaciones como parte de un proceso político interno. La información se difundió por voceros gubernamentales.
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Varias de las personas liberadas quedaron sujetas a medidas cautelares dictadas por tribunales. Las disposiciones incluyeron restricciones para declarar ante medios, participar en reuniones públicas y modificar su lugar de residencia. Entre los casos mencionados figuraron la activista Rocío San Miguel y el exrector Enrique Márquez. Las resoluciones judiciales establecieron controles periódicos.
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Reportes civiles y exposición de la CIDH
Organizaciones civiles que documentan detenciones políticas difundieron cifras distintas a las oficiales. Foro Penal estimó que entre 800 y 1,011 personas permanecen privadas de la libertad por motivos políticos. Los registros incluyeron civiles, activistas, sindicalistas y periodistas. Las actualizaciones se publicaron durante enero de 2026.
Los informes de estas organizaciones indicaron que las liberaciones no modificaron el total de personas detenidas. También registraron revocaciones de excarcelaciones ante presuntos incumplimientos de medidas judiciales. La documentación se remitió a instancias internacionales. Estos datos formaron parte del contexto regional.
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La sesión del 21 de enero incluirá la presentación de los relatores Gloria Monique de Mees y Edgar Stuardo Ralón Orellana. Ambos expondrán un informe técnico sobre detención, acceso a la justicia y garantías procesales en Venezuela. La exposición se realizará ante representantes de los Estados miembros de la OEA. El Consejo Permanente discutirá la información conforme a los procedimientos del organismo.
VGB