A 17 días del cambio de gobierno previsto para el 27 de enero, Honduras enfrenta una crisis electoral tras la decisión presidencial de ordenar un recuento general de votos. La presidenta Xiomara Castro sancionó un decreto legislativo relacionado con las elecciones del 30 de noviembre. La medida provocó reacciones inmediatas dentro y fuera del país. El proceso electoral ya contaba con resultados oficiales.
El decreto instruyó al Consejo Nacional Electoral a revisar nuevamente los sufragios de los niveles presidencial, legislativo y municipal. La norma surgió de una mayoría oficialista en el Congreso Nacional. El gobierno argumentó la existencia de miles de actas con observaciones pendientes. Según esa postura, varias impugnaciones permanecieron sin resolución.
El Consejo Nacional Electoral declaró presidente electo a Nasry Asfura el 24 de diciembre. Esa declaratoria formalizó los resultados del proceso. La nueva orden legislativa se emitió después de ese anuncio. El decreto colocó al órgano electoral frente a una instrucción extraordinaria.
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La presidenta señaló que la situación respondió a cuestionamientos éticos dentro del sistema electoral. Desde el Ejecutivo, se atribuyó el conflicto a presiones externas. El discurso oficial insistió en la necesidad de revisar el proceso. La decisión marcó el inicio de una confrontación institucional.
Reacciones regionales al decreto
Ocho países latinoamericanos difundieron un pronunciamiento conjunto contra el recuento. Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana firmaron el documento. Los gobiernos expresaron rechazo a la medida aprobada en Honduras. El comunicado circuló horas después de la promulgación.
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Los países firmantes señalaron que el decreto desconoce la autoridad del Consejo Nacional Electoral. También advirtieron riesgos para la estabilidad democrática. El pronunciamiento recordó que misiones internacionales validaron los comicios. La posición regional se presentó como un llamado al respeto institucional.
El comunicado incluyó una referencia a hechos de violencia política. Durante la sesión legislativa, un ataque con un artefacto explosivo lesionó a una diputada opositora. La votación del decreto ocurrió sin la presencia de decenas de legisladores. Las delegaciones señalaron preocupación por ese contexto.
Postura de Estados Unidos
El Departamento de Estado de Estados Unidos reaccionó al anuncio del recuento. Washington afirmó que el electorado hondureño expresó su decisión en las urnas. La autoridad estadounidense advirtió consecuencias ante un intento de revertir el resultado. El mensaje se difundió mediante un posicionamiento oficial.
La advertencia se centró en la relación bilateral. Estados Unidos vinculó la estabilidad democrática con la cooperación futura. El pronunciamiento coincidió con el respaldo a los resultados certificados. La postura se mantuvo firme tras los comunicados regionales.
Señalamientos de interferencia externa
La presidenta Castro señaló a Donald Trump por pronunciamientos públicos durante el proceso electoral. Según su declaración, mensajes difundidos en la red social X favorecieron al candidato opositor. La mandataria afirmó que esas expresiones influyeron en la contienda. El señalamiento formó parte de la defensa del decreto.
Castro solicitó un diálogo directo con el presidente estadounidense. También cuestionó decisiones de política exterior adoptadas por Washington. Entre ellas, mencionó el indulto otorgado al expresidente Juan Orlando Hernández. Ese argumento se incorporó al debate público nacional.
Seguridad y escenario previo al cambio de mando
Las Fuerzas Armadas custodian actualmente el material electoral. La institución reiteró respaldo a la autoridad del Consejo Nacional Electoral. El resguardo de actas continúa en instalaciones oficiales. El proceso se desarrolla bajo vigilancia militar.
La oposición política calificó el recuento como una alteración del proceso concluido. Sectores civiles expresaron preocupación por la transición. El país se acerca a la fecha de cambio de gobierno con tensiones internas y presión internacional. El desenlace permanece sujeto a decisiones institucionales.
VGB