La caída de los Zelaya-Castro en Honduras se consumó en las urnas con una derrota contundente que marcó el fin de un ciclo político. El llamado ‘familión’, símbolo del nepotismo en el poder, no alcanzó el 20% de los votos, mientras la oposición rozó el 80%, según resultados oficiales. Analistas coinciden en que el voto castigó prácticas percibidas como nepotistas, más allá de la adscripción ideológica.
En las horas posteriores al escrutinio, el entorno presidencial denunció una supuesta injerencia externa, incluyendo señalamientos a Washington y al expresidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, los números no acompañaron el relato: una oposición cercana al 80% de las papeletas dejó poco espacio para la narrativa victimista.
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¿Qué es el ‘familión’? El poder que se hereda
En Honduras, el término ‘familión’ se utiliza con ironía popular y precisión política para describir un patrón de nepotismo: redes densas de parientes y allegados ubicados en puestos clave del Estado, con apellidos recurrentes en ministerios, asesorías y empresas públicas.
No alude a un caso aislado, sino a una forma de ejercer el poder: cargos de confianza, nombramientos cruzados y sueldos acumulados que, en conjunto, proyectan la imagen de una administración como empresa familiar ampliada.
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El entramado se consolidó durante el mandato de Xiomara Castro, iniciado en 2022, quien llegó al poder con un discurso de ruptura, regeneración y justicia social. Con el correr del tiempo, la gestión fue asociada a una concentración familiar que evocó prácticas que el partido Libre había denunciado desde la oposición.
Manuel Zelaya y el poder político en Honduras
Manuel Zelaya, presidente entre 2006 y 2009 y esposo de la mandataria, emergió como figura central del poder real. Sin cargo electo, su influencia fue descrita por observadores como decisiva, con capacidad de impulso o veto en decisiones estratégicas. A su alrededor, hijos, hermanos, sobrinos y parientes políticos ocuparon posiciones relevantes en la administración, el Congreso, la diplomacia y empresas públicas.
El esquema se replicó más allá del núcleo presidencial. Otras familias del entorno de Libre extendieron redes de afinidad por ministerios, secretarías, organismos autónomos y embajadas. El mensaje implícito fue claro: la lealtad se premiaba y el apellido abría puertas, desplazando al mérito como credencial principal.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), organización de la sociedad civil, documentó decenas de nombramientos de familiares directos en la administración pública. Muchos se ampararon en la figura legal de los “puestos de confianza”, válida jurídicamente, pero políticamente corrosiva, según expertos.
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Este goteo constante instaló la percepción de un Estado repartido entre clanes, blindado por la ideología. El costo político fue acumulativo: sectores urbanos y jóvenes asociaron el proyecto oficialista a un poder cerrado sobre sí mismo, donde los apellidos pesaban más que la capacidad.
La derrota de Rixi Moncada, exministra de Defensa y heredera política del clan, fue interpretada como una enmienda a la totalidad. El voto no se dirigió únicamente contra la izquierda, sino contra la idea de administrar el Estado como patrimonio doméstico.
Durante la campaña, el oficialismo intentó desactivar el estigma apropiándose del término con la canción “Somos el familión”, presentada como metáfora de una Honduras cohesionada. Las urnas fueron concluyentes: la mayoría del electorado no compró la metáfora y optó por cerrar el capítulo.
AJA