El Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) de El Salvador presentó este jueves una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la reforma a la Constitución que avala la reelección presidencial indefinida y alegan que la enmienda, aprobada y ratificada el 31 de julio, posee "vicios de forma" y es contraria a varios artículos de la Carta Magna.
Contexto: a finales de julio, la Asamblea Legislativa de El Salvador domindado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) aliados del presidente Nayib Bukele, propusieron una reforma constitucional para habilitar la reelección presidencial indefinida, así como la extensión del mandato a 6 años, la eliminación de la segunda vuelta electoral y otras modificaciones a la Carta Magna. La propuesta busca reformar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Carta Magna salvadoreña, la cual hasta el momento prohibía la reelección inmediata.
Incluso, el Movimiento de Izquierda Salvadoreña (MIZ) presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado 20 de agosto, con el propósito de impugnar la reforma que habilita la reelección presidencial indefinida, la cual fue aprobada y ratificada por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, a finales de julio.
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Walter Raudales, miembro del MIZ, declaró que el movimiento busca "poner a prueba el sistema judicial salvadoreño" e instó a otros movimientos sociales a unirse a estas acciones ante la Corte Suprema.
Los ciudadanos, según Raudales, están atendiendo el llamado de la Constitución para defenderla cuando se intenta destruirla, y esperan que los magistrados apliquen justicia y revisen el caso a conciencia.
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¿Qué dijo el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora de El Salvador?
"Históricamente, la reelección ha estado permitida en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular, sin prohibiciones, sin condiciones en particular” y la única excepción hasta el momento ha sido la Presidencia", dijo la diputada Ana Figueroa de NI.
"Después de realizar un estudio exhaustivo y a profundidad del acuerdo y decreto de reforma constitucional, consideramos que violenta de manera flagrante una decena de artículos de la Constitución, principalmente lo referido a la legalidad, igualdad y participación", dijo a la prensa Guillermo García, abogado y miembro del MDCT.
A criterio del abogado, la reforma presenta "múltiples vicios de forma" en cuanto a la seguridad jurídica, la falta de justificación para que se votara sin estudio ni debate previo y la ausencia de consulta ciudadana, lo que se considera "un defecto de procedimiento constitucional".
El letrado añadió que la reforma es contraria a la alternabilidad en el ejercicio del poder, reconocido en la Constitución, "como principio intocable e indispensable, cuyo contenido esencial no puede verse alterado por reforma ni reinterpretación por la Asamblea Legislativa u otro órgano".
El Congreso, dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó y ratificó, en una sola jornada el pasado 31 de julio, sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, con la que el presidente Nayib Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.
Bukele defendió la iniciativa en X y señaló que "el 90 % de los países desarrollados permiten" la reelección indefinida.
En febrero de 2024, en el día de las elecciones presidenciales, el mandatario fue preguntado si veía necesaria una reforma constitucional que incluyera la reelección indefinida y respondió: "Creo que no es necesaria la reforma constitucional".
En enero de ese año, afirmó en una conversación de audio de X que no buscaba una "reelección indefinida" y que "solo estoy autorizado para correr por un segundo período".
"Actualmente no existe en El Salvador la reelección indefinida, ni tampoco la estoy buscando, la norma actual no lo permite y tampoco hay la figura de un plebiscito o referéndum para poder modificar eso", señaló el mandatario.
Contexto: un grupo de más de veinte organizaciones, entre estas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la fundación Robert F. Kennedy Human Rights, han manifestado recientemente que lo que sucede en El Salvador "forma parte de un patrón de fortalecimiento de los autoritarismos" en Centroamérica.
Estas organizaciones se suman a otras, como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW), que se han pronunciado sobre este tema y han expresado su preocupación por lo que consideran un debilitamiento de la democracia en El Salvador.
