Miami.- La disputa legal sobre el centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz' en Florida continúa y podría escalar hasta la Corte Suprema de EE.UU.. Aunque una jueza federal ordenó el desmantelamiento del sitio en un plazo de dos meses y prohibió el ingreso de nuevos migrantes, el Gobierno de Florida ha anunciado que apelará la decisión.
Orden judicial y sus implicaciones:
La jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida emitió un fallo el jueves, fijando un plazo de sesenta días para desmantelar 'Alligator Alcatraz'.
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La orden prohíbe la entrada de nuevos detenidos al sitio y la construcción adicional de infraestructura como tiendas de campaña, dormitorios, edificios u oficinas. También impide pavimentar, excavar o cercar el lugar.
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Este fallo representa una victoria parcial para los grupos demandantes: Friends of The Everglades, Center for Biological Diversity, y la tribu Miccosukee.
Apelación del Gobierno de Florida
La administración del gobernador republicano Ron DeSantis ha declarado su intención de apelar el fallo, advirtiendo que las deportaciones continuarán desde el lugar.
Funcionarios floridanos han cuestionado la legitimidad de la jueza Williams, quien fue nominada por el expresidente demócrata Barack Obama, y la han tildado de "activista". Jeremy Redfern, director de Comunicaciones del fiscal general de Florida, James Uthmeier, afirmó que la jueza "se excede en su autoridad" y calificó la decisión de "ilegal".
En anticipación a este fallo, o como una medida paralela, DeSantis anunció la apertura de un nuevo centro de detención, 'Deportation Depot', en una cárcel abandonada en el norte del estado con capacidad para más de 1.300 personas.
DeSantis reiteró que el estado seguirá "desplegando todos los recursos disponibles para identificar, aprehender, y remover a todos aquellos que busquen explotar nuestro estado y amenazar a nuestra gente".
Argumentos de los demandantes y situación del centro
Los grupos ecologistas e indígenas celebraron la decisión con cautela, anticipando una larga batalla legal que podría llegar a la Corte Suprema.
Curtis Osceola, consejero sénior del pueblo Miccosukee, enfatizó que "cuando se refiere a nuestras tierras, no hay concesiones".
La demanda exige el cierre completo e inmediato de 'Alligator Alcatraz' por los daños al Parque Nacional de los Everglades, un área vital que alberga 36 especies nativas amenazadas o en peligro, como la pantera floridana, la cigüeña de madera, y el cocodrilo y el caimán americanos.
Elise Bennett, abogada del Center For Biological Diversity, señaló "muchas violaciones legales" relacionadas con el centro, incluyendo la Ley Nacional de Política Ambiental, el Acta de Especies en Peligro, el Acta de Agua Limpia y otras leyes sobre terrenos públicos.
A pesar de la capacidad oficial de 'Alligator Alcatraz' para 2.000 personas (con planes de expandirse a 4.000), un correo electrónico de Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM), reveló que el centro "probablemente se quedaría sin personas en pocos días".
El congresista demócrata Maxwell Frost informó haber encontrado "muchas menos personas detenidas" en el centro, con autoridades estatales reportando 336 presuntos inmigrantes indocumentados, una cifra significativamente menor a la reportada previamente o a la capacidad total.
Legisladores demócratas como Anna Eskamani sugirieron que el Gobierno floridano ya anticipaba el fallo, dada la falta de estudios ambientales adecuados en la construcción del sitio en los Everglades, y que habrían transferido intencionalmente a los detenidos a otros lugares.
Contexto del centro: 'Alligator Alcatraz' abrió el 3 de julio en un aeropuerto abandonado en los Everglades, al oeste de Miami. Es considerado el centro más emblemático de la política migratoria del presidente Donald Trump, durante cuya administración ha subido un 49% la cifra de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)