Un panel de tres jueces del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos ratificó una orden temporal que prohíbe al Gobierno Federal realizar detenciones indiscriminadas de inmigrantes en el sur de California. La sentencia se emitio la noche del viernes 2 de agosto de 2025.
La orden de restricción inicial fue dictada el 12 de julio por la jueza Maame E. Frimpong, de la Corte Federal de Distrito de Los Ángeles. En ese entonces, Frimpong señaló la existencia de una "montaña de evidencia" que indica que las tácticas migratorias federales violan la Constitución.
El tribunal de apelaciones coincidió y afirmó que los demandantes "probablemente tendrán éxito" en demostrar que los agentes realizaron arrestos basados en la apariencia de las personas, su forma de hablar y los lugares donde viven o trabajan.
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La orden prohíbe el uso de factores como la raza o etnia aparente, el idioma que se habla o el acento, así como la presencia en lugares como depósitos de autos o autolavados, o la ocupación de una persona, como única base para una detención. Las autoridades deben contar con una causa probable más específica para proceder.
La demanda fue promovida por organizaciones defensoras de los derechos migrantes, entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California y Public Counsel. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, celebró la decisión y afirmó que la ciudad protegerá a sus residentes de la discriminación y de tácticas ilegales.
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Las redadas masivas
Contexto: la decisión del tribunal ocurre en medio de un aumento de redadas en Los Ángeles, iniciadas a principios de junio. Cientos de personas, en su mayoría latinoamericanas, fueron arrestadas en las calles y en sus lugares de trabajo, como ferreterías, lavaderos de autos y campos agrícolas.
En junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a más de 2,200 personas en el área metropolitana de Los Ángeles. De ese total, al menos 1,300 no contaban con antecedentes penales. El temor generalizado provocó que muchas familias migrantes se mantuvieran encerradas en sus hogares y evitaran salir, incluso para necesidades básicas como comprar alimentos o acudir al médico.
Esta situación afecta la salud mental y física de la población migrante. Además, muchas personas pierden sus empleos y dependen de donaciones de alimentos. El transporte público registró una caída del 13.5 % en su uso durante junio, y algunos vecindarios muestran calles vacías y comercios cerrados.
Retiro parcial de la Guardia Nacional
En respuesta a las protestas generadas a raíz de las redadas migrantes, el presidente Donald Trump envió a cientos de elementos de la Guardia Nacional y marines a la ciudad. Sin embargo, el Departamento de Defensa ordena el retiro de 1,350 efectivos, que se suman a otros 700 marines y 2,000 elementos previamente retirados.
En total, se retiran 3,350 elementos, solo permanecen aproximadamente 250 miembros de la Guardia Nacional, encargados de proteger propiedades y personal federal.
El cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, informó que las detenciones de mexicanos han disminuido. A mediados de junio, el centro ICE B-18 entrevista diariamente a 25 o 30 personas, mientras que en la última semana se redujo a un promedio de 5 o 6 por día.
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Lo que sigue en el proceso legal
Este caso continúa en tribunales, y se mantiene vigente la orden de restricción temporal. Está programada una audiencia para septiembre, donde se decidirá si se emite una orden judicial preliminar más duradera.
Mientras tanto, el consulado de México en Los Ángeles sigue realizando visitas diarias, incluidos fines de semana, al centro ICE B-18. Su objetivo es verificar que los connacionales cuenten con alimentos, agua, medicamentos y representación legal. También ofrece asesoría jurídica gratuita con abogados especializados en migración.
El cónsul González Gutiérrez advierte que la situación podría cambiar en cualquier momento y recomienda a la comunidad mantenerse informada y preparada.
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¿Por qué es relevante el tema?
La ratificación de la suspensión de redadas antimigrantes en Los Ángeles es relevante porque protege los derechos constitucionales de miles de personas que viven y trabajan en la ciudad, sin importar su estatus migratorio.
La medida frena detenciones basadas en perfil racial o apariencia, lo que representa un precedente legal importante en defensa de las comunidades migrantes.
También refleja la tensión entre políticas federales y locales sobre inmigración, y tiene un impacto directo en la seguridad, economía y estabilidad social de una de las ciudades con mayor población latina en Estados Unidos.
Además, ofrece un respiro temporal ante prácticas consideradas discriminatorias, mientras se resuelve el litigio en los tribunales.
VGB