Los Ángeles.- Decenas de agentes federales rodearon este lunes el Parque MacArthur, en el centro de Los Ángeles, en un despliegue que incluyó helicópteros y vehículos armados y que fue calificado por las autoridades locales como una "operación militar" y un "montaje" destinado a infundir miedo y generar caos.
"Lo que ocurrió esta mañana fue aterrador para muchos de nosotros", aseguró en una conferencia de prensa Marqueece Harris-Dawson, presidente del Concejo Municipal de Los Ángeles.
"Según todos los videos disponibles y toda la información interna que hemos recibido, no está claro que alguien haya sido detenido. Tampoco está claro que hubiese siquiera un objetivo legítimo de control migratorio. Lo que vimos esta mañana parecía más bien un montaje para un video de TikTok", añadió.
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Medios locales y usuarios en redes sociales alertaron este lunes sobre la presencia de agentes migratorios en el parque, ubicado en una zona de fuerte presencia hispana y marcada por la pobreza.
Su despliegue se produce en medio de una ola de operativos federales que ya lleva más de un mes en Los Ángeles.
En el lugar se observó un helicóptero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobrevolando la zona, mientras que en tierra los agentes se movilizaban en vehículos blindados y a caballo, generando alarma entre los presentes.
Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, acudió al lugar para pedir la salida de los agentes federales, tras constatar que había niños participando en un curso de verano en el parque.
"Lo que vi hoy en el parque parecía una ciudad sitiada, bajo ocupación armada, y debo decir que, tras haber pasado muchos años viajando a zonas de conflicto, sé que así es como luce una ciudad antes de un golpe de Estado", aseguró en la misma rueda de prensa.
Los hechos sucedieron pocos días después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara una nueva ley fiscal y presupuestaria que inyectará miles de millones de dólares al proyecto antimigratorio del presidente, Donald Trump, con fondos destinados a la detención de migrantes, la construcción de centros de detención y el transporte de deportados.
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Contexto: Los Ángeles se ha mantenido como uno de los principales focos de redadas migratorias desde el 6 de junio, cuando comenzó un operativo federal que desató protestas por la presencia en la ciudad de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Oficina de Protección Fronteriza.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre esa fecha y el 22 de junio más de 1,600 personas fueron detenidas con fines de deportación.
Desde enero de 2025, diversos reportes de medios locales e internacionales han documentado un incremento en las actividades de ICE en áreas como East Los Ángeles, South Central y el Valle de San Fernando. Las redadas han incluido la detención de personas sin antecedentes penales y, en algunos casos, la separación de familias. Organizaciones como Human Rights Watch han señalado que estas acciones se han intensificado tras nuevas directrices emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Algunas autoridades locales, incluyendo miembros del Concejo de la Ciudad de Los Ángeles y del gobierno estatal de California, han manifestado preocupación por la falta de coordinación con instancias municipales y estatales. Aunque California mantiene políticas de “estado santuario”, la intervención federal ha continuado sin requerir el apoyo de autoridades locales. Esto ha generado tensiones entre distintas jurisdicciones sobre el alcance de las competencias en materia migratoria.
¿Por qué es importante este tema?
Las redadas migratorias en Los Ángeles durante 2025 representan un punto crítico en la discusión nacional sobre el papel de las agencias federales en la aplicación de políticas migratorias y su impacto en comunidades locales. La situación pone en el centro del debate la vigencia de los derechos humanos, la protección legal de las personas indocumentadas y los límites de la cooperación entre autoridades federales y gobiernos locales.
Además, el tema tiene implicaciones políticas de cara al proceso electoral presidencial en Estados Unidos. Diversos sectores de la sociedad civil consideran que las acciones del gobierno federal podrían movilizar el voto latino, particularmente en estados como California, Texas y Arizona. La forma en que se desarrollen y comuniquen estos operativos podría influir en la percepción pública sobre la política migratoria del actual gobierno y sus contrapesos legislativos.
djh