A fines de 2024 se produjeron dos lotes de fentanilo inyectable en el Laboratorio Ramallo, de Argentina, para la empresa HLB Pharma. Esos lotes, con más de 300 mil ampollas, fueron distribuidos a más de 200 hospitales y clínicas del país.
¿Qué se descubrió?: Las ampollas contenían bacterias multirresistentes, algo gravísimo porque se trata de un medicamento que se aplica en terapias intensivas a pacientes muy frágiles. Consecuencias: Hasta mediados de 2025 se registran 87 muertes confirmadas y decenas de investigaciones en curso por fallecimientos posiblemente vinculados.
Ministro de Salud da entrevista y explica la tragedia
El ministro de Salud de Argentina, Mario Lugones, expresó en una entrevista televisiva que las muertes de al menos 87 personas, provocadas por el uso médico de fentanilo contaminado, pudieron deberse a "mala praxis" y apuntó a fallas de control por parte del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), que depende de su ministerio.
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"Me pongo muy mal cuando hablo de esto, porque soy médico y esto es un atentado a la gente. No tienen derecho a hacer lo que hicieron", dijo Lugones en referencia al Laboratorio Ramallo de la empresa HLB Pharma -ya clausurados- que produjo las ampollas de fentanilo que cargaban bacterias multiresistentes y fueron distribuidas en decenas de hospitales del país.
¿Por qué es importante el tema?: es una de las peores tragedias médicas de la historia argentina vinculadas a medicamentos contaminados. Afecta la confianza en el sistema de control sanitario y en la seguridad de los insumos hospitalarios.
Expone fallas regulatorias históricas en el sistema de control de medicamentos y genera un fuerte debate político: si se trató de negligencia técnica, corrupción, o de una combinación de ambas.
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Contexto: se abrió una causa penal de gran magnitud que investiga no solo a la empresa, sino también a funcionarios de control y podría derivar en procesamientos por homicidio culposo, corrupción y encubrimiento.
El proceso de control de calidad fue, según hipotetizó el ministro, objeto de "mala praxis" y "negligencia" por parte del Iname, que depende de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), al tiempo que deslizó la posibilidad de que se trate de un caso de corrupción.
El Iname es conducido a la fecha por Gabriela Mantecón, funcionaria que asumió su rol durante el Gobierno anterior, y Lugones diferenció a esa funcionaria de Agustina Bisio, directora de la Anmat, designada por la gestión actual.
"No se puede creer que un laboratorio sea sucio, si fuera estéril no habría bacterias en las ampollas. No tienen perdón de nadie, hay que meterlos presos a ellos y todos los cómplices. Esta gente llegó acá porque tiene corbertura política, y no de este Gobierno", dijo Lugones en referencia a Ariel García Furfaro, dueño de HLB, quien lo había acusado de una operación para perjudicarlo y vincularlo con el peronismo, fuerza opositora en la actualidad.
Haciéndose eco de los reclamos de los familiares de las víctimas, algunas de las cuales en diálogo con EFE reclamaron que el caso no se politice para evitar demoras en la investigación, Lugones dijo: "Estamos de acuerdo con los familiares, queremos que se resuelva lo más rápido posible".
Agregó que desde el Ministerio de Salud siguen haciendo controles para determinar si la inspección gubernamental sobre el laboratorio fue realizado correctamente.
Consultado sobre los recortes presupuestarios que el Gobierno argentino lleva adelante en todos los organismos estatales, aseguró que en la Anmat el achicamiento no es presupuestario o de personal, sino de funciones de control en diversas áreas, y no sobre el control de medicamentos.
Al menos 87 muertos
Dos lotes de fentanilo contaminado, que suman más de 300 mil ampollas, fueron producidos por Laboratorios Ramallo para HLB Pharma en diciembre de 2024 y distribuidos en más de 200 centros médicos del país.
Las ampollas de esos lotes contenían bacterias multiresistentes muy perjudiciales para la salud de personas en frágil estado de salud.
Este potente opiáceo sintético, usado como analgésico y anestésico, fue administrado a pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI).
Hasta ahora se han detectado 87 muertes en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Formosa, además de la capital argentina, una cifra que aumenta a medida que la Justicia investiga.
Hay 24 sospechosos -García Furfaro, además de socios, familiares y empleados de los laboratorios- que tienen prohibida la salida del país, los bienes inhibidos y una investigación patrimonial abierta, precisaron fuentes judiciales, tras más de 22 allanamientos a empresas, organismos públicos y domicilios privados.