Este lunes, un tribunal de Bogotá declaró culpable al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno, en un fallo histórico para el país.
La jueza 44 del Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, cuyo veredicto aún puede ser apelado, determinó que Uribe habría ordenado manipular a testigos presos para que presentaran declaraciones favorables durante una acusación en su contra por supuestos vínculos con grupos paramilitares, presentada en 2012 por el senador de izquierda Iván Cepeda.
Uribe, que ha negado las imputaciones y denuncia una persecución política, fue absuelto del cargo de soborno simple. La sentencia definitiva, con una posible condena de hasta 12 años de prisión, se conocerá en una próxima audiencia.
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Se confirma que hubo soborno en el proceso judicial
La jueza Sandra Heredia declaró en el juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe que se comprobó la existencia del delito de soborno en actuación penal.
"El primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado", afirmó la jueza al referirse a los contactos entre el abogado Diego Cadena, defensor de Uribe, y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien cumple una condena en una cárcel de Bogotá.
De acuerdo con la jueza, se ejecutó una estrategia para que Monsalve no declarara ante la Corte Suprema sobre los presuntos vínculos de Uribe y su hermano Santiago con grupos paramilitares. “Se trataba de inducirlo a faltar a la verdad y a desmentir lo que ya había dicho”, explicó.
"Pero adicionalmente debía argumentar que lo allí expresado era producto de la actividad malintencionada del senador Iván Cepeda Castro, quien había obtenido ese coloquio bajo promesas de beneficios carcelarios", agregó Heredia.
Contexto: este proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló no abrió investigación contra el congresista sino que le inició un proceso al expresidente por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.
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El penalista Jaime Granados, que lidera la defensa de Uribe, insiste en que su cliente nunca ordenó sobornar a nadie y que su único interés al demandar a Cepeda era defender su honra y buscar la verdad.
Uribe, que tras terminar su periodo presidencial resultó elegido senador en 2014 y 2018, renunció a su escaño en agosto de 2020 para que su caso pasara a la justicia ordinaria. La Fiscalía inicialmente no encontró pruebas para acusarlo, pero luego de ir a varias instancias jurídicas, en 2024 lo acusó formalmente.
Testigo clave acusa a Uribe de vínculos con paramilitares y manipulación de testigos
Monsalve, principal testigo del caso, hizo parte del Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y es hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, que era de propiedad de la familia de Uribe.
En su comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia, que fue la primera que abrió la investigación a Uribe como parte de una disputa con Cepeda, Monsalve testificó que el Bloque Metro se fundó en esa finca entre 1996 y 1997 con la participación de varias personas, entre ellas los hermanos Uribe Vélez.
Según su versión, en esa hacienda se planearon matanzas que luego cometieron los escuadrones paramilitares, acusaciones que Uribe y su defensa siempre han negado.
La jueza aseguró que es "ostensible que el acusado (Uribe) conocía del plan que se maquinaba: emboscar a Monsalve" al inducirlo a que cambiara su testimonio ante la justicia.
Escándalos y líos judiciales
Desde los años 80, cuando dirigió la Aerocivil, surgieron las primeras denuncias en su contra por el supuesto otorgamiento de licencias de vuelo a personas relacionadas con el narcotráfico.
Posteriormente aparecieron otras de presuntos vínculos con los paramilitares en sus años como gobernador de Antioquia (1995-1997), incluida una que lo relaciona indirectamente con la masacre de El Aro, en la que asesinaron a 17 campesinos en octubre de 1997.
En 2009 salieron a la luz las interceptaciones telefónicas del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a magistrados, políticos y periodistas, lo que le trajo enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia.
Luego vino la denuncia de los "falsos positivos", como se conocen las ejecuciones de civiles a manos de militares que los presentaban luego como guerrilleros muertos en combate para obtener recompensas y permisos.
Esas denuncias comenzaron en su segundo mandato y tomaron fuerza en los últimos años con las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado por el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016 para juzgar crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Según una investigación divulgada por la JEP en febrero de 2021, "por lo menos 6,402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008", periodo que coincide con seis de los ocho años de presidencia de Uribe.
El expresidente tiene abiertos numerosos procesos de todo tipo en la Justicia, pero fue a juicio por presunto fraude procesal y soborno, delitos considerados menos graves que otros que se le achacan a su gestión.
¿Por qué es importante este tema?
Este caso es de gran relevancia en Colombia porque involucra al expresidente Álvaro Uribe, una de las figuras más influyentes del país en las últimas décadas, en un juicio por soborno en actuación penal, un delito vinculado directamente con la presunta manipulación de testigos para ocultar posibles vínculos con grupos paramilitares.
La declaración de la jueza sobre la existencia del delito marca un precedente inédito, ya que es la primera vez que un exmandatario colombiano enfrenta un proceso penal de esta magnitud, con acusaciones que apuntan a la intención de obstruir la justicia.
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Con información de EFE.
gph