Decenas de miles de migrantes hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos enfrentan la inminente amenaza de deportación a partir del 6 de septiembre. Esta situación surge tras el anuncio del gobierno de Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que los amparaba.
Estos individuos han vivido y trabajado legalmente en el país desde 1999 bajo este programa de protección, señala el Washington Post al informar que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha confirmado la cancelación del TPS para hondureños y nicaragüenses.
Las estimaciones gubernamentales indican que esta medida afectaría a unos 72,000 inmigrantes de Honduras y 4,000 de Nicaragua.
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No obstante, la ONG Alianza TPS estima que casi 45,000 personas, entre nicaragüenses y hondureñas, quedarán expuestas a la deportación. ya que unos 32,000 hondureños y aproximadamente 22,100 personas de ambas nacionalidades ya han ajustado su estatus o han obtenido la "tarjeta verde" (residencia permanente) por otros medios legales y, por lo tanto, no se verán directamente afectados por la decisión.
El programa TPS fue establecido por el presidente Bill Clinton en 1999, tras la devastación causada por el huracán Mitch en Centroamérica en 1998, que dejó al menos 10,000 fallecidos. Desde entonces, este estatus ha permitido a sus beneficiarios residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, protegiéndolos de la deportación.
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Todos los gobiernos subsiguientes, incluyendo el de Joe Biden en 2023, habían renovado el TPS para estos países, argumentando que los efectos del huracán y de otras tormentas posteriores aún persistían, además de la inestabilidad política y los problemas económicos.
Las justificaciones del gobierno y la realidad en Honduras
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha declarado que el TPS fue diseñado para ser "temporal" y que las condiciones en Honduras y Nicaragua han mejorado "significativamente" desde 1999, citando el desarrollo del turismo y la inversión inmobiliaria en Honduras, y el crecimiento en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable en Nicaragua.
Sin embargo, esta afirmación es rechazada por defensores de derechos humanos y el gobierno hondureño. Organizaciones como la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA) y la Alianza Nacional del TPS señalan que, además de desastres naturales, Honduras y Nicaragua han enfrentado durante décadas "impunidad estructural, violencia, pobreza y falta de acceso a servicios públicos básicos".
El Departamento de Estado de EU aún advierte a sus ciudadanos que reconsideren viajar a Honduras debido a la delincuencia y a Nicaragua por el riesgo de detención injusta y atención médica limitada. El viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Antonio García, ha lamentado la decisión y sugirió que la verdadera razón detrás de esta medida es el sentimiento antiinmigrante de la administración de Trump.
Impacto humano y respuestas de la comunidad
La cancelación del TPS representa un "balde de agua fría" y ha generado gran indignación en las comunidades migrantes. Muchos de los afectados han establecido sus vidas en Estados Unidos, han formado familias, comprado propiedades, pagado impuestos y contribuido a la Seguridad Social.
Personas como Ana Margarita Gallardo, quien se "autodeportó" con su esposo e hijos desde Los Ángeles a Tijuana por temor a la separación familiar, ilustran la difícil decisión que enfrentan. La recién nacida de Ana Margarita en Tijuana, Janet, ha añadido una nueva capa de complejidad a su proceso de retorno voluntario asistido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Organizaciones como la Alianza Migrante en Tijuana prevén un aumento en el número de familias que decidan regresar voluntariamente a sus países de origen o busquen refugio en México. Sin embargo, muchos de estos migrantes, como Jhony Silva, un asistente de enfermería certificado, y Jackey Baiza, quien llegó a EU a los dos años, no tienen raíces ni contactos directos en Honduras, el país que dejaron hace casi tres décadas.
El final de este programa podría significar la separación de familias, la pérdida de empleos y seguros médicos, y la desestabilización de comunidades en todo el país.
En respuesta a la decisión, la Alianza Nacional del TPS, junto con siete individuos afectados, ha presentado una demanda alegando que la decisión violó la ley federal al basarse en una "decisión política predeterminada" y "animosidad racial", ignorando las "graves" condiciones locales en Honduras y Nicaragua. Se espera que las comunidades afectadas recurran a los tribunales para intentar frenar los efectos de la cancelación.
Pese a los desafíos que enfrentan los migrantes, los hondureños en el exterior continúan siendo un pilar clave de la economía nacional de su país, con remesas familiares que superaron los 9,700 millones de dólares en 2024.
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¿Por qué es relevante la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) a miles de migrantes hondureños y nicaragüenses en EU?
La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de migrantes hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos es un hecho de gran relevancia humanitaria, política y social.
El TPS es un programa que permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias vivir y trabajar legalmente en EU. Su cancelación implica que decenas de miles de personas, muchas con décadas de residencia, enfrentarán la amenaza de deportación, separación familiar y pérdida de medios de vida.
Desde un enfoque humanitario, la medida coloca en situación de vulnerabilidad a miles de personas que han echado raíces en Estados Unidos, contribuido a la economía y formado familias. Muchos de ellos tienen hijos ciudadanos estadounidenses y perder el TPS significaría romper núcleos familiares y exponer a los retornados a contextos de violencia, pobreza y falta de oportunidades en sus países de origen.
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Políticamente, la decisión refleja las tensiones dentro de la política migratoria estadounidense. La revocación del TPS se inscribe en una línea más restrictiva que prioriza medidas de control migratorio sobre consideraciones humanitarias. También genera presión sobre los gobiernos de Honduras y Nicaragua, quienes carecen de capacidad institucional para recibir un posible retorno masivo de migrantes en medio de crisis sociales y económicas persistentes.
A nivel regional, esta cancelación podría agravar la migración irregular, ya que muchas personas buscarán permanecer en EU fuera del marco legal o intentarán reencontrarse con sus familias por vías no autorizadas. Además, puede impactar negativamente en las remesas, una fuente vital para las economías de esos países.
En suma, la cancelación del TPS no solo afecta a los migrantes directamente involucrados, sino que tiene implicaciones significativas para la estabilidad social y económica de Centroamérica, así como para la política migratoria y los derechos humanos en EU.
VGB