Arpineh Masihi, una inmigrante de origen iraní-armenio fue detenida por autoridades migratorias de Estados Unidos, se ha convertido en un caso que ha llamado la atención no solo por su situación legal, sino por su firme apoyo al presidente Donald Trump, a quien asegura respaldar “hasta el día de su muerte”.
De acuerdo con la BCC, Masihi de 39 años, fue arrestada el pasado 30 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en su domicilio en Diamond Bar, California, tras una llamada telefónica de advertencia. La mujer, quien llegó a Estados Unidos a los 3 años de edad, cuenta con antecedentes penales desde 2008 por cargos de robo, situación que derivó en la revocación de su residencia legal permanente.
A pesar de ello, un juez le permitió permanecer en territorio estadounidense debido al riesgo que implicaría su retorno a Irán por razones religiosas, desde entonces, Arpineh reconstruyó su vida, formó una familia, creó un negocio y realizó trabajo comunitario en su distrito.
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Tras su detención, el pasado 30 de junio, Masihi fue trasladada al centro de detención de Adelanto, conocido por sus condiciones estrictas, aunque ella afirma que son mejores que las del centro federal en el centro de Los Ángeles, donde pasó tres días en condiciones precarias junto a otras detenidas.
Su esposo, Arthur Sahakyan, continúa cuidando a sus cuatro hijos en casa, asegura tener fe en que será liberada y culpa a la administración Biden por lo ocurrido, aunque afirma seguir creyendo en el sistema y en que solo los “criminales peligrosos” serán deportados.
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El caso de Arpineh ha generado debate en medio de la implementación de nuevas redadas migratorias bajo promesas de mano dura contra inmigrantes con antecedentes, tal como lo ha planteado Trump en su campaña.
¿Por qué es importante el tema?
El caso revive críticas sobre el papel de ICE, el uso de centros de detención privados como Adelanto, y las condiciones inhumanas que enfrentan los detenidos. También reabre el debate sobre la necesidad de una reforma migratoria integral que distinga entre perfiles de riesgo y casos con posibilidad de reintegración.
Su detención ilustra cómo las redadas del ICE afectan a familias establecidas, incluso a quienes han reconstruido sus vidas. Resalta el dilema entre justicia, legalidad y humanidad en el sistema migratorio.
Contexto: Los Ángeles se ha mantenido como uno de los principales focos de redadas migratorias desde el 6 de junio, cuando comenzó un operativo federal que desató protestas por la presencia en la ciudad de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Oficina de Protección Fronteriza.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre esa fecha y el 22 de junio más de 1,600 personas fueron detenidas con fines de deportación.
Desde enero de 2025, diversos reportes de medios locales e internacionales han documentado un incremento en las actividades de ICE en áreas como East Los Ángeles, South Central y el Valle de San Fernando. Las redadas han incluido la detención de personas sin antecedentes penales y, en algunos casos, la separación de familias. Organizaciones como Human Rights Watch han señalado que estas acciones se han intensificado tras nuevas directrices emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
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Algunas autoridades locales, incluyendo miembros del Concejo de la Ciudad de Los Ángeles y del gobierno estatal de California, han manifestado preocupación por la falta de coordinación con instancias municipales y estatales. Aunque California mantiene políticas de “estado santuario”, la intervención federal ha continuado sin requerir el apoyo de autoridades locales. Esto ha generado tensiones entre distintas jurisdicciones sobre el alcance de las competencias en materia migratoria.
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