Este viernes, una jueza federal ordenó a la administración de Donald Trump detener las redadas migratorias indiscriminadas en siete condados de California, al considerar que se basan en criterios raciales como el tono de piel o el idioma que hablan las personas detenidas.
La jueza Maame Frimpong también prohibió al Gobierno federal restringir el acceso de abogados al centro de detención de migrantes ubicado en el centro de Los Ángeles.
La decisión se deriva de una demanda presentada la semana pasada por grupos de defensa de los inmigrantes, quienes acusan al gobierno de llevar a cabo una ofensiva migratoria sistemática contra personas de piel morena en la región.
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Entre los demandantes se encuentran tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses, uno de los cuales fue retenido por agentes migratorios a pesar de haber mostrado su identificación.
La demanda, presentada ante la Corte de Distrito de Estados Unidos, solicitaba frenar lo que los activistas califican como "tácticas inconstitucionales", entre ellas detenciones basadas en perfil racial, arrestos sin orden judicial y la negativa de acceso a asistencia legal a personas detenidas en el centro migratorio de Los Ángeles.
Redadas en Los Ángeles
Contexto: el viernes 6 de junio, al menos 44 personas fueron detenidas en Los Ángeles durante redadas migratorias realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre ellas 11 ciudadanos mexicanos, según confirmó el cónsul general de México, Carlos González Gutiérrez.
Las operaciones se llevaron a cabo en diversos lugares de trabajo, incluyendo el distrito de la moda y tiendas Home Depot, donde fueron detenidas decenas de personas, incluidos menores de edad. El ICE señaló que los operativos estaban dirigidos a "extranjeros ilegales con antecedentes criminales", como parte de una ofensiva más amplia contra la inmigración irregular.
Las detenciones desataron protestas inmediatas en varios puntos de la ciudad el sábado 7 de julio, especialmente en las inmediaciones del edificio federal en el centro de Los Ángeles. Manifestantes denunciaron el uso de tácticas intimidatorias y enfrentaron a las fuerzas del orden con lanzamiento de objetos, bloqueos de vehículos oficiales y pintas en edificios públicos. La policía respondió con gas lacrimógeno, gas pimienta y granadas aturdidoras.
Las autoridades federales calificaron las protestas como actos de violencia, mientras que la alcaldesa Karen Bass criticó las redadas, acusando al ICE de generar pánico entre las comunidades migrantes y subrayó que ni ella ni el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) fueron notificados previamente.
A pesar de su despliegue para contener los disturbios, tanto el LAPD como el Departamento del Sheriff aseguraron que no participan en la aplicación de leyes civiles de inmigración. Un ejecutivo sindical resultó herido y fue detenido por ICE mientras supervisaba la situación.
De acuerdo con fuentes federales, este sería el mayor operativo simultáneo realizado en la ciudad desde que Donald Trump asumió la presidencia.
Trump quiere que los migrantes indocumentados “no roben” ayudas sociales
La Casa Blanca intensificó sus esfuerzos para eliminar a los inmigrantes indocumentados de una serie de beneficios financiados por los contribuyentes, en el marco de su campaña para reducir lo que afirma es un despilfarro gubernamental
La administración de Trump compartió detalles adicionales sobre las nuevas restricciones que impedirían a los inmigrantes ilegales acceder a más de 15 programas de asistencia federal, que en conjunto representan 40 mil millones de dólares en gasto público.
El portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, dijo a Fox News que los migrantes indocumentados ya no podrán "robar beneficios públicos a expensas de los contribuyentes estadounidenses trabajadores".
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La mayor parte de los programas que se prohíben a los migrantes indocumentados están supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, mientras que otros están bajo la supervisión de los Departamentos de Educación, Agricultura, Trabajo y Justicia.
La Casa Blanca dijo que varios servicios de salud del gobierno –incluidos Head Start, programas de prevención y tratamiento del abuso de sustancias, beneficios de planificación familiar y préstamos y becas para personal de salud– serán inaccesibles para los inmigrantes.
gph