Ante la difícil situación de acceso a la vivienda para muchos ciudadanos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha dado a conocer una serie de propuestas concretas que planea llevar a la Conferencia de Presidentes. Estas propuestas buscan triplicar la inversión en vivienda.
Actualmente, el Plan Estatal 2022-2025 ha dedicado 2,300 millones de euros a construir vivienda pública, rehabilitar edificios y facilitar el acceso al alquiler. La sugerencia del presidente es aumentar esta cifra hasta aproximadamente 7,000 millones de euros en el nuevo periodo.
De ese total, el Gobierno de España se comprometería a aportar 4,000 millones (un 60% del total), siempre y cuando los gobiernos autonómicos asuman una mayor corresponsabilidad y aporten al menos 2,700 millones (un 40%).
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Sánchez señala que la política de vivienda es una competencia compartida y que las comunidades autónomas han recibido un aumento significativo de recursos del Estado (un 47% más entre 2019 y 2025 que entre 2012 y 2018). Es esencial, según el presidente, que parte de estos recursos se destinen a construir y rehabilitar más vivienda pública, tanto en régimen de propiedad como de alquiler.
Una novedad importante planteada por Sánchez es que la vivienda protegida lo sea de forma indefinida. En los últimos 45 años, las Administraciones estatales construyeron en España más de 2.4 millones de viviendas protegidas, financiadas con dinero público "para la gente".
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Sin embargo, la práctica totalidad de estas viviendas fueron descalificadas y vendidas en el mercado libre a precios elevados, siendo muchas "capturadas por la especulación y los fondos buitre". Esto, además de suponer un mal uso de los impuestos, ha alejado a España del objetivo de tener un 8% de vivienda pública y social, que es la media actual de la UE.
La propuesta busca poner fin a esta situación, comprometiéndose a que las viviendas financiadas con dinero público mantengan de forma permanente su calificación de protegida, ofreciendo una alternativa asequible de propiedad o alquiler.
El objetivo es construir un parque de vivienda protegida amplio que permita contener los precios, especialmente en zonas tensionadas, y asegurar el acceso a los jóvenes.
Finalmente, Sánchez propone acabar con lo que considera el "monopolio de la información" sobre los precios del mercado que tienen algunos portales privados. Argumenta que estos portales, de "dudosa fiabilidad", inflan artificialmente los precios.
Actualmente, no existe una base de datos pública y fiable sobre los precios reales de compraventa o alquiler, lo que impide a los gobiernos diseñar mejores políticas públicas y a los ciudadanos negociar adecuadamente el precio de su casa. Para corregir esto, la tercera propuesta es que todas las Administraciones vuelquen sus datos en una base de datos agregada y la pongan a disposición de la ciudadanía, universidades y el sector a través de un portal web.
Recomendaciones de la Comisión Europea sobre Vivienda y Fiscalidad
La Comisión Europea también ha instado a España a actuar con más contundencia para controlar la crisis de vivienda. En sus recomendaciones, pide que España aumente la oferta de suelo, reduzca los plazos para obtener permisos de construcción y refuerce la oferta de vivienda social y asequible.
El Ejecutivo comunitario destaca la importancia de aumentar la oferta de vivienda, completando la reforma de la ley del suelo, eliminando "cuellos de botella" administrativos y abordando la escasez de mano de obra en el sector de la construcción.
El aumento selectivo del volumen de promoción de viviendas se considera que puede tener beneficios fundamentales para España, mejorando la capacidad de absorción de mano de obra en áreas metropolitanas y fomentando la oferta interna. La Comisión apunta que el crecimiento del turismo ha contribuido a un aumento de las viviendas turísticas, lo que ha reducido la disponibilidad de viviendas de alquiler para residencia principal.
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También identifica la escasez de viviendas sociales y un repunte relativamente lento de nuevas construcciones para satisfacer la creciente demanda como otras causas de la crisis. Este escenario tiene consecuencias negativas en la renta de los hogares, suponiendo un desafío para las familias con bajos ingresos.
Estudios del Banco de España, citados por la Comisión, indican que el 40% de los inquilinos españoles destinan el 40% de sus ingresos al alquiler, frente a una media de la UE del 27%. Además, el país presenta un déficit de aproximadamente 600,000 viviendas.
En el ámbito fiscal, aunque Bruselas considera que España cumple "ampliamente" con la senda fiscal pactada para bajar el déficit, también emite recomendaciones. Para apuntalar la sostenibilidad fiscal, se reclama hacer más sencillo el sistema tributario, desplazando la presión fiscal del trabajo a la fiscalidad medioambiental, del consumo y los bienes inmuebles.
Esto implica que España podría reducir impuestos sobre las rentas del trabajo o cotizaciones sociales, compensando esa pérdida con incrementos en tributos sobre combustibles, figuras similares a la del plástico, o aumentando la recaudación del IVA eliminando tipos reducidos o superreducidos, una petición clásica de la Comisión.
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Además, la Comisión exige a España que acelere la aplicación del plan de recuperación. España fue inicialmente el "alumno aventajado" en la recepción de los primeros pagos, pero la ejecución de los fondos ha "encallado", quedando rezagada respecto a otros Estados como Italia.
Por ello, el Ejecutivo europeo aconseja acelerar la aplicación de los programas de la política de cohesión y hacer un uso óptimo de los instrumentos de la UE, como InvestEU y la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa, para mejorar la competitividad.
El retraso en el despliegue de las políticas de cohesión y las inversiones asociadas es un problema extendido, ya que muchos Estados han priorizado el plan de recuperación por tener plazos más perentorios.
VGB