El Tribunal Constitucional (TC) español ha dictaminado la constitucionalidad de la ley de amnistía, un fallo que marca un hito significativo en el panorama político y jurídico del país. La decisión, esperada con gran expectación, se dio a conocer el 26 de junio de 2025.
El Pleno del Tribunal Constitucional avaló la legalidad de la ley de amnistía tras cuatro días de deliberaciones. La sentencia fue aprobada con una votación dividida de seis votos a favor de la mayoría progresista frente a cuatro votos en contra de la minoría conservadora.
Este fallo rechaza el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular y, al mismo tiempo, descarta acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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La sentencia, que incluye cuatro votos particulares, ha sido elaborada a partir del texto de la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, el cual avala la ley en líneas generales, con la introducción de "tres aspectos menores" y "aportaciones de los magistrados que no modifican en lo sustancial el borrador".
Esta resolución sentará la pauta para los más de 30 recursos adicionales que se están tramitando simultáneamente en el tribunal, incluyendo una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo, los cuales no se resolverán hasta después del verano.
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Fundamentos de la constitucionalidad y marco europeo
La sentencia del TC defiende que la ley de amnistía "encaja en la Constitución", afirmando que "no es arbitraria ni responde a un capricho" y que el "porqué de la ley es 'jurídicamente indiferente'". Además, considera "razonable la explicación del legislador para decretar el perdón" y "coherente con una política tendente a paliar los efectos del 'procés' y a conseguir una mayor paz ciudadana, mediante la reducción de las sanciones, que favorezca una mejora de la convivencia y de la cohesión social en Cataluña".
Un punto crucial de la resolución es que la ley no vulnera la normativa europea en materia de terrorismo ni la legislación de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). El Tribunal Constitucional destacó que "ninguna quiebra a la seguridad jurídica se produce porque el artículo 2 de la ley efectúe una remisión directa a la directiva europea de lucha contra el terrorismo", la cual "armoniza en el espacio de la UE la definición de los delitos de terrorismo".
La referencia explícita a esta directiva, según la sentencia, demuestra la voluntad del legislador nacional de "cohonestar el ámbito de aplicación de la ley con el derecho de la UE".
El TC también clarificó que, si bien la integración europea y el principio de primacía del derecho de la UE no dotan a las normas europeas de rango constitucional, el tribunal de garantías sí debe velar por el respeto de la primacía del derecho comunitario cuando existe una interpretación del TJUE.
La sentencia valida el precepto de la ley que establece que los juzgados y tribunales deben dejar sin efecto las órdenes de busca y captura, ingreso en prisión, y órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención para las personas a las que se aplique la amnistía.
Se argumenta que "la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no se ve contradicha por el hecho de que una vez amnistiado un delito deban, 'per se', quedar sin efectos las ordenes de detención", recordando que "el proceso de emisión de una euroorden y el proceso penal son dos procesos distintos y autónomos".
Contexto y Alcance de la Norma
La ley de amnistía fue aprobada por el Parlamento español en mayo del año pasado. Su origen se encuentra en el pacto alcanzado entre el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los grupos independentistas catalanes (Junts y Esquerra Republicana), un acuerdo que facilitó la investidura del presidente Pedro Sánchez.
Esta iniciativa busca beneficiar a varias personas implicadas en el "procés", el fallido proceso independentista catalán.
Es importante destacar que la resolución del TC se limita a avalar la constitucionalidad de la norma y no entra en el ámbito de su aplicación a casos concretos. Esto significa que, "a priori", el Tribunal Supremo no tiene nada que hacer tras este fallo en cuanto a casos específicos.
La sentencia no afecta directamente al expresidente catalán Carles Puigdemont ni al exvicepresidente Oriol Junqueras, ni al resto de líderes independentistas, ya que el Tribunal Supremo no les ha aplicado la amnistía por el delito de malversación. Para los casos de Puigdemont y otros líderes, habrá que esperar a los recursos de amparo, que no se resolverán antes de otoño, según fuentes jurídicas.
Reacciones políticas cruzadas
La decisión del Tribunal Constitucional ha generado un aluvión de reacciones contrastadas en el espectro político español:
Alegatos del gobierno y aliados
El Gobierno español y sus aliados de izquierda han aplaudido el aval legal, destacando que "constituye el final de la crisis política en Cataluña".
El presidente Pedro Sánchez calificó la sentencia como una "magnífica noticia" que "cierra" la crisis en Cataluña.
Sumar, miembro del Gobierno de coalición, celebró la "rigurosa" sentencia.
El jefe del Govern catalán, el socialista Salvador Illa, señaló que "desde que se aprobó la ley las cosas van mejor en Cataluña" y pidió al Tribunal Supremo que aplique la norma "con diligencia".
Desde el independentismo catalán, el secretario general de Junts, Jordi Turull, exigió al Constitucional usar sus "mecanismos coercitivos" para obligar al Supremo a aplicar la ley a los líderes independentistas, incluyendo a Carles Puigdemont.
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Alegatos de la oposición
El líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la ley como "autoamnistía" e "inmoral", argumentando que proviene de una "transacción corrupta" pactada por los socialistas con los independentistas catalanes para gobernar.
El exlíder socialista Felipe González también tildó la ley de "autoamnistía" y "barrabasada", anunciando que votará en blanco en las elecciones debido a que los beneficiados por la amnistía fueron "redactores de la ley".
El secretario general del ultraderechista Vox, Ignacio Garriga, manifestó que la decisión supone la "voladura del Estado de Derecho" y "el mayor acto de corrupción política a manos de un tribunal".
VGB