National Public Radio (NPR) y tres estaciones de radio públicas locales en Estados Unidos presentaron una demanda en un tribunal federal en Washington, D.C., contra el presidente Donald Trump y funcionarios de su administración. Las estaciones co-demandantes son Colorado Public Radio, Aspen Public Radio y KSUT Public Radio (también mencionada como KUTE, Inc.).
Los demandados incluyen al presidente Trump; al director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought; al secretario del Tesoro, Scott Bessent y a la presidenta del Fondo Nacional de las Artes, Maria Rosario Jackson.
La demanda surge a raíz de una orden ejecutiva emitida por el presidente Trump a principios de mayo, la cual instruye a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB) y a otras agencias federales a "cesar la financiación federal para NPR y PBS" y a trabajar para eliminar fuentes indirectas de financiación pública para estas organizaciones.
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El presidente Trump emitió la orden tras alegar "sesgo" en la programación y la cobertura de noticias de los radiodifusores públicos. La orden señala que los contribuyentes "tienen derecho a esperar que si sus dólares fiscales financian la radiodifusión pública, financien solo cobertura de noticias justa, precisa, imparcial y no partidista".
La Casa Blanca, en otros comunicados públicos, ha descrito a los radiodifusores públicos como "propaganda radical y woke".
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Argumentos legales de los demandantes
NPR y las estaciones co-demandantes argumentan que la orden ejecutiva de Trump es ilegal y viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Alegan que la orden es una "represalia de libro de texto y discriminación basada en el punto de vista".
Según la demanda, la orden "tiene objetivos que no podrían ser más claros: la Orden busca castigar a NPR por el contenido de noticias y otra programación que al Presidente no le gusta y enfriar el libre ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda por parte de NPR y las estaciones de radio públicas individuales en todo el país".
Argumentan que interfiere con la libertad de asociación expresiva y la discreción editorial de NPR y sus estaciones miembro locales.
Abogados que representan a los medios de noticias escribieron que la orden "busca expresamente castigar y controlar la cobertura de noticias de los demandantes y otros discursos que la Administración considera 'sesgados'" y que "no puede prevalecer". Theodore Boutrous, uno de los abogados de NPR, calificó la acción como "pura discriminación de punto de vista".
Además, la demanda sostiene que la orden de Trump usurpa la autoridad del Congreso. El Congreso ha reconocido durante mucho tiempo que el discurso que apoya con financiación pública "permanece privado, y por lo tanto completamente protegido de censura, represalias u otras formas de interferencia gubernamental".
La ley que creó la radiodifusión pública en 1967 fue claramente diseñada para "aislar" a las redes de "precisamente este tipo de coerción política".
Los abogados de los demandantes escribieron que el presidente ha emitido una Orden Ejecutiva que "frustra la intención del Congreso y los derechos de la Primera Enmienda de los demandantes a estar libres de los intentos gubernamentales de controlar su discurso privado y sus derechos a estar libres de represalias dirigidas a castigar y enfriar el discurso protegido, las actividades periodísticas y la asociación expresiva".
El Congreso Republicano asignó fondos para la CPB hasta septiembre de 2027 en una medida presupuestaria provisional a principios de la primavera, que Trump firmó en ley.
NPR y las estaciones miembro en la demanda argumentan que la directiva del presidente "amenaza la existencia de un sistema de radio pública del que millones de estadounidenses en todo el país dependen para noticias e información vital".
Afirman que la orden es una clara violación de la Constitución y las protecciones de la Primera Enmienda para la libertad de expresión, asociación y prensa, y un "afronta a los derechos de NPR y las 246 estaciones miembro de NPR". Buscan que la orden de Trump sea permanentemente bloqueada y declarada inconstitucional.
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Respuesta de la Casa Blanca
En respuesta a la demanda, el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, afirmó en un comunicado que la CPB "está creando medios para apoyar a un partido político particular con el dinero de los contribuyentes".
Fields dijo que "por lo tanto, el presidente está ejerciendo su autoridad legal para limitar la financiación a NPR y PBS". Añadió que el presidente "fue elegido con un mandato para asegurar el uso eficiente de los dólares de los contribuyentes, y continuará usando su autoridad legal para lograr ese objetivo".
Contexto financiero
Aunque la orden ejecutiva busca cortar la financiación federal, es importante señalar que solo aproximadamente el 1% de los ingresos de NPR proviene directamente del gobierno federal.
Sin embargo, la CPB envía dinero federal a las estaciones miembro locales, cuyas tarifas constituyen el 30% de la financiación de NPR. L
a CPB distribuye más del 70% de su financiación a más de 1,500 estaciones locales de radio y televisión. En promedio, la CPB proporciona a cada estación de radio pública del 8 al 10% de sus ingresos anuales. La orden de Trump especificó que los receptores de fondos federales de la CPB no podían enviar dinero a PBS y NPR.
La demanda también se presenta en un contexto más amplio de acciones de la administración Trump dirigidas a los medios públicos. El Proyecto 2025, una hoja de ruta política supervisada por la Heritage Foundation, aboga por la eliminación de la financiación tanto de NPR como de PBS.
El presidente intentó despedir a tres miembros de la junta directiva de la CPB el mes anterior, quienes a su vez demandaron a la administración por su remoción.
La presidenta de la CPB, Patricia Harrison, declaró que la CPB no es una agencia ejecutiva federal sujeta a la autoridad del presidente y que el estatuto del Congreso que creó la CPB prohibía expresamente la interferencia gubernamental.
Tanto Harrison como la CPB han "ignorado efectivamente" las órdenes de Trump hasta ahora. Además, el presidente ha ordenado investigaciones de las principales cadenas de transmisión por parte de la FCC, y el presidente de la FCC, Brendan Carr, ha sugerido estar abierto a revocar licencias.
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Estado actual del caso
El caso de la demanda de NPR ha sido asignado al Juez de Distrito de EU, Randolph D. Moss. Este juez también está manejando el caso relacionado presentado por la CPB contra Trump.
PBS, aunque también fue blanco de la orden ejecutiva, no es parte en esta demanda específica, pero ha declarado que está considerando "todas las opciones, incluyendo emprender acciones legales".
VGB