Organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos, entre ellas el Centro para los Derechos Constitucionales, la ACLU y la NYCLU, presentaron una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump. El recurso fue ingresado en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.
La acción legal busca obtener la justificación jurídica de los operativos realizados contra embarcaciones en aguas internacionales desde septiembre. Los incidentes registraron al menos 87 muertes, según las organizaciones.
Los grupos presentaron la demanda después de que el Gobierno no entregó información solicitada mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA). La petición inicial pedía conocer los criterios legales que guiaron los ataques.
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La disputa se centra en la falta de respuesta oficial a la solicitud de documentos emitida por las organizaciones.
Solicitan opinión jurídica interna del Departamento de Justicia
Los demandantes pidieron que se publique una opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC), órgano del Departamento de Justicia. Señalan que ese documento define la postura legal del Ejecutivo sobre el uso de fuerza en estos operativos.
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Según un comunicado de los colectivos, la opinión describe los ataques como actos en el marco de un supuesto conflicto armado con grupos de narcotráfico no identificados. La postura jurídica, afirman, se utiliza para establecer criterios sobre la actuación del personal involucrado.
La opinión se presentó de manera reservada y no está disponible para el público. En noviembre, algunos legisladores y asistentes legislativos tuvieron acceso a su contenido en sesiones cerradas.
Después de esas lecturas, integrantes del Congreso expresaron inquietudes sobre el alcance de dicha opinión.
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Operativos en el Caribe y exigencias de acceso público
La demanda menciona que, desde el 2 de septiembre, el Gobierno ejecutó al menos 22 acciones contra lanchas en aguas internacionales del mar Caribe. Las operaciones se presentaron como parte de una estrategia contra el narcoterrorismo.
La presencia militar en la zona cercana a Venezuela generó tensiones diplomáticas entre ambos países. Los demandantes afirman que la ciudadanía requiere información clara sobre los criterios legales que respaldan la intervención.
Los grupos indicaron que el Gobierno comunicó la legalidad de los ataques sin proporcionar documentación pública. Señalan que el proceso debe incluir un análisis accesible para garantizar control sobre decisiones de uso de fuerza.
La demanda sostiene que la divulgación permitirá revisar la actuación de las autoridades que ordenaron o participaron en los operativos.
VGB