La familia de Alejandro Carranza, un colombiano que presuntamente murió durante un ataque militar estadounidense contra una embarcación en el Caribe, presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. El caso, revelado por The Guardian y confirmado por BBC Mundo, expone nuevas tensiones diplomáticas y revela los clarososcuros sobre la legalidad de la campaña de bombardeos ordenada por la administración de Donald Trump contra supuestas narcolanchas en la región.
En ese sentido, vale la pena mencionar que los operativos navales y aéreos de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de transportar droga en el Caribe y el Pacífico sudamericano han dejado al menos 83 muertos desde septiembre, según datos citados por BBC Mundo y fuentes oficiales estadounidenses.
Con respecto al caso, la Casa Blanca sostiene que estas acciones buscan “proteger vidas estadounidenses” al impedir la llegada de drogas al país. Sin embargo, especialistas en derecho internacional advierten que los bombardeos podrían constituir violaciones de soberanía y ejecuciones extrajudiciales.
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La denuncia ante la CIDH por el caso Alejandro Carranza
El 15 de septiembre de 2025, militares estadounidenses bombardearon el bote de Alejandro Carranza Medina, según la denuncia presentada por la familia ante la CIDH.
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“Carranza murió en el proceso de este bombardeo”, indica el documento compartido por el abogado y activista Daniel Kovalik, quien representa legalmente a los familiares.
La información fue difundida inicialmente por The Guardian y luego verificada por BBC Mundo, que entrevistó a Kovalik y a miembros de la familia Carranza. El abogado señala que el caso no solo expone una muerte sin esclarecer, sino un patrón de ataques cuyo impacto civil aún no ha sido completamente documentado.
La desaparición de Carranza: semanas de incertidumbre y denuncias públicas
Alejandro Carranza, de 42 años, se despidió de su familia la mañana del 14 de septiembre antes de zarpar desde el departamento de La Guajira, en el Caribe colombiano. Su primo, Audenis Manjarres, relató a un medio estatal que aquella salida parecía una jornada de pesca habitual.
Un día después del ataque, Donald Trump anunció que Estados Unidos. había destruido una embarcación que había partido desde Venezuela y aseguró que los tres tripulantes habían muerto. Desde ese momento, la familia de Carranza no volvió a saber de él.
La ausencia de evidencias llevó al presidente colombiano Gustavo Petro a denunciar públicamente la desaparición, alegando que los ataques estadounidenses podrían haber impactado embarcaciones con ciudadanos colombianos a bordo. Más tarde, un reportaje del medio estatal RTVC afirmó que Carranza, identificado como pescador, se encontraba en una de las lanchas bombardeadas. Petro reforzó entonces sus críticas contra Washington, acusando a EU de violar la soberanía de Colombia y cometer un asesinato.
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Los sobrevivientes y la búsqueda de más evidencias
El caso de Carranza no es el único en el que han salido a la luz nombres de presuntas víctimas. También se han identificado al colombiano Jeison Obando Pérez y al ecuatoriano Andrés Fernando Tufiño Chila, sobrevivientes de otro ataque ocurrido el 16 de octubre.
Para Kovalik, estos testimonios podrían abrir el camino para que más familias denuncien desapariciones o muertes asociadas a los operativos estadounidenses.
El abogado también indicó que la denuncia ante la CIDH responsabiliza directamente a Pete Hegseth, secretario de Defensa estadounidense, de ordenar los bombardeos. Sobre las evidencias en el caso Carranza, explicó que un testigo, cuya identidad pidió proteger, reconoció el tipo de embarcación en un video del ataque y afirmó que los tiempos coincidían.
“Obviamente no es una prueba, pero sí buena evidencia”, señaló.
Pescadores temen nuevos ataques
Mientras tanto, pescadores en aguas del Caribe y del Pacífico sudamericano viven con temor a ser confundidos con narcotraficantes. El abogado Kovalik advierte que los operativos actuales ofrecen pocos mecanismos de verificación y ningún protocolo claro para proteger a civiles:
“Si realmente crees que están haciendo algo malo, esas personas deberían ser arrestadas, procesadas y sentenciadas. No ejecutadas”, afirmó.
La resolución del caso ante la CIDH podría marcar un precedente internacional y abrir un debate global sobre el uso de fuerza letal en operaciones antidrogas fuera del territorio estadounidense.
Por ahora, la familia Carranza, 20 personas que viven juntas en una casa del pueblo pesquero de Gaira, solo espera respuestas. “La verdad es que no sabemos si era él”, repite Lizbeth Pérez. Y como muchas otras familias en la región, permanece a la espera de que el silencio del Caribe empiece a revelar sus historias.
Contexto político y tensiones entre Washington y Bogotá
La controversia se agravó cuando Trump respondió a las acusaciones de Petro anunciando la suspensión de pagos y subsidios a Colombia, además de imponer sanciones al mandatario colombiano por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Petro, por su parte, defendió que, aun si Carranza hubiese aceptado transportar drogas, algo que su familia niega, eso no justificaba una muerte sin juicio:
“Él no tenía pena de muerte y no tenían por qué haberlo asesinado”, dijo el presidente.
La familia ha negado reportes de prensa sobre un presunto pasado criminal de Carranza y aseguran estar dolidos por lo que consideran una estigmatización injusta.
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“Era un hombre amable, un buen padre, tío e hijo. Amaba su pesca”, dijo su sobrina Lizbeth Pérez.
Aunque Estados Unidos argumenta que las operaciones buscan reducir el flujo de drogas, analistas en Sudamérica consideran que los bombardeos podrían tener objetivos geopolíticos, especialmente presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado por Washington de liderar el llamado “Cartel de los Soles”, una afirmación que Caracas rechaza.
A pesar de que la DEA reportó un aumento del 18% en las incautaciones de cocaína en 2024, el fentaniloproducido mayormente en México— sigue siendo la droga que más muertes provoca en Estados Unidos. Esto ha llevado a críticos a cuestionar la eficacia y la verdadera motivación del despliegue militar estadounidense en el Caribe.
Trump afirmó recientemente que EU podría emprender “ataques por tierra” contra países que considere productores o proveedores de drogas ilegales, incluidos Venezuela y otros Estados sudamericanos. La declaración ha incrementado la tensión en una región que permanece en vilo.
AJA