La política exterior de Estados Unidos bajo Donald Trump retoma la Doctrina Monroe como eje estratégico. El planteamiento aparece en la Estrategia Nacional de Seguridad, un documento oficial que define prioridades hemisféricas.
El texto plantea que Washington reafirma su papel dominante en el continente americano. La estrategia vincula seguridad nacional con control de espacios, rutas y activos considerados clave.
El enfoque se apoya en el principio de “America First”. Bajo esa lógica, Estados Unidos declara su derecho a influir de forma directa en dinámicas regionales.
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Este giro coloca nuevamente a América Latina como zona prioritaria. El planteamiento marca distancia con esquemas multilaterales y enfatiza decisiones unilaterales.
Exclusividad hemisférica como eje central
La doctrina original de 1823 buscó frenar la expansión europea en el continente. La versión actual redefine ese objetivo hacia la exclusión de actores externos no hemisféricos.
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La estrategia identifica a China como un competidor económico, tecnológico y militar. Washington plantea limitar su presencia en infraestructura, comercio y sectores estratégicos.
El documento señala la necesidad de impedir que potencias externas controlen activos relevantes. Esa postura condiciona la política exterior de los países latinoamericanos.
Bajo este marco, cualquier acercamiento regional con actores extrahemisféricos enfrenta vigilancia y presión diplomática desde Washington.
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Nuevas formas de intervención regional
El enfoque actual amplía los mecanismos de influencia más allá del ámbito militar. Estados Unidos utiliza herramientas económicas, jurídicas y políticas para incidir en gobiernos locales.
La estrategia prevé incentivos para administraciones alineadas con sus objetivos. También contempla restricciones y sanciones para gobiernos que sigan rutas distintas.
Casos recientes muestran influencia en procesos políticos de Centroamérica y Sudamérica. El apoyo financiero, el retiro de ayuda y la presión institucional forman parte de ese esquema.
Expertos en derecho internacional advierten que estas prácticas alteran decisiones internas sin despliegues armados directos.
Venezuela como escenario operativo
Venezuela aparece como un punto central dentro de la estrategia. Washington vincula sus acciones con combate al narcotráfico y a organizaciones consideradas terroristas.
Estados Unidos ejecuta operativos navales en el Caribe y el Pacífico oriental. Estas acciones incluyen interdicciones marítimas y uso de fuerza letal.
También se registran incautaciones de activos energéticos en aguas internacionales. Caracas califica esas acciones como violaciones a su soberanía.
El debilitamiento económico y la relevancia energética del país explican su lugar dentro de la estrategia estadounidense.
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Implicaciones directas para México
México figura como socio estratégico dentro del esquema hemisférico. Washington condiciona esa relación a resultados concretos en migración y seguridad.
La estrategia exige acciones contra cárteles, control fronterizo y estabilidad interna. También promueve la relocalización industrial cerca del territorio estadounidense.
Este enfoque reduce márgenes de autonomía en política exterior. El alineamiento se convierte en un factor central de la relación bilateral.
Cualquier cooperación con potencias externas se interpreta como riesgo estratégico.
Advertencias que trascienden América Latina
La Estrategia de Seguridad también fija una postura crítica hacia Europa. El documento advierte sobre cambios políticos, sociales y demográficos en el continente.
Washington plantea la necesidad de influir en el rumbo europeo. Esa visión genera reacciones de líderes comunitarios que señalan riesgos de injerencia.
El mensaje refuerza una política exterior basada en zonas de influencia. El patrón se repite en distintas regiones bajo el mismo criterio de supremacía.
Este marco consolida un retorno a lógicas de control geopolítico directo.
Claves para entender el riesgo intervencionista
El regreso a la Doctrina Monroe redefine la soberanía regional. La exclusividad hemisférica limita decisiones autónomas de los Estados latinoamericanos.
La diversificación de métodos de presión amplía la capacidad de intervención sin ocupaciones militares. Economía, justicia y política funcionan como palancas principales.
La experiencia histórica muestra que estos marcos justifican acciones directas. Intervenciones pasadas se apoyaron en principios similares de supremacía continental.
El enfoque actual reactiva ese precedente. La región enfrenta un escenario donde alineación y control vuelven a marcar la relación con Washington.
Un patrón histórico de intervención exterior
La participación de Estados Unidos en acciones militares y políticas inicia desde su guerra de independencia en 1775. Registros académicos documentan cerca de 400 intervenciones entre 1776 y 2023, con una concentración mayor después de 1950.
Estas acciones respondieron a distintos objetivos según el periodo histórico. Entre ellos figuran la expansión territorial, la protección de intereses económicos, el resguardo de ciudadanos estadounidenses y la influencia directa sobre gobiernos extranjeros.
El uso de la fuerza y la presión política se consolidó como herramienta recurrente de política exterior. Ese patrón se manifestó tanto dentro como fuera del hemisferio occidental.
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La Doctrina Monroe como base hemisférica
La Doctrina Monroe, formulada en 1823, estableció un marco de acción para Estados Unidos en América. Su aplicación práctica desplazó el principio de no intervención europea hacia un esquema de control regional.
Durante finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, Washington utilizó esta doctrina para justificar presencia militar y decisiones políticas en el continente. El objetivo central giró en torno al acceso a mercados, rutas estratégicas y recursos naturales.
Este enfoque se reflejó en conflictos como la guerra contra España en 1898, que derivó en control territorial sobre Puerto Rico, Guam y Filipinas, así como influencia directa en Cuba.
Intervenciones en América Latina durante el siglo XX
A inicios del siglo XX, Estados Unidos impulsó la separación de Panamá de Colombia. Esa acción facilitó el control del canal interoceánico y reforzó su presencia estratégica en la región.
En el Caribe y Centroamérica, tropas estadounidenses ocuparon países como Nicaragua y Honduras. Estas acciones coincidieron con la protección de intereses empresariales vinculados al sector agrícola y comercial.
En Cuba, la Enmienda Platt otorgó a Washington la facultad de intervenir en asuntos internos. Ese marco legal también permitió el establecimiento de la base naval de Guantánamo.
La Guerra Fría y el control político regional
Tras 1945, el intervencionismo adoptó el discurso de la contención del comunismo. Estados Unidos respaldó gobiernos y acciones destinadas a frenar movimientos de izquierda en América Latina.
Este periodo incluyó el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954. También registró operaciones encubiertas y abiertas en varios países del continente.
Durante las décadas de 1970 y 1980, Washington apoyó regímenes militares en el Cono Sur. En ese contexto se desarrolló la Operación Cóndor, con coordinación represiva entre dictaduras regionales.
Continuidad del enfoque estratégico
Las invasiones de Granada en 1983 y de Panamá en 1989 marcaron el cierre del ciclo de intervenciones directas del siglo XX. Ambas acciones buscaron cambios de gobierno mediante fuerza militar.
A lo largo de estos periodos, la política exterior estadounidense priorizó intereses estratégicos y económicos. La soberanía de los Estados latinoamericanos quedó subordinada a ese enfoque.
Este antecedente histórico sirve como marco de referencia para evaluar el impacto del retorno a la Doctrina Monroe en el siglo XXI.
Con información de EFE
VGB