La desnaturalización de ciudadanos en Estados Unidos vuelve al centro del debate migratorio tras conocerse nuevas directrices del gobierno de Donald Trump que buscan aumentar de forma significativa los procesos para retirar la ciudadanía a personas naturalizadas, según documentos internos revelados por The New York Times.
La desnaturalización es el proceso legal mediante el cual el gobierno federal revoca la ciudadanía estadounidense a una persona que la obtuvo por naturalización. De acuerdo con la ley federal, esta medida solo puede aplicarse en circunstancias específicas, como fraude, tergiversación de hechos relevantes o irregularidades graves durante el proceso de solicitud.
Aunque históricamente ha sido un recurso excepcional, la administración de Donald Trump se prepara para intensificar su uso, lo que expertos califican como una escalada sin precedentes en la era moderna.
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Nuevas directrices del USCIS para aumentar las desnaturalizaciones
Según las directrices internas obtenidas por The New York Times, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ordenó a sus oficinas locales remitir entre 100 y 200 casos de desnaturalización al mes a la Oficina de Litigios de Inmigración durante el año fiscal 2026.
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De prosperar, esta cifra representaría un aumento masivo. Entre 2017 y 2025, el Departamento de Justicia presentó poco más de 120 casos en total, una diferencia que ha encendido alertas entre especialistas en derecho migratorio.
La estrategia migratoria del gobierno de Trump
Las directrices surgen en un contexto de endurecimiento general de la política migratoria. En lo que va del año, el gobierno ha impulsado medidas como:
- Bloqueos al asilo en la frontera sur.
- Pausas en solicitudes de asilo dentro del país.
- Restricciones de entrada a viajeros de países mayoritariamente africanos y de Medio Oriente.
Funcionarios sostienen que estas acciones refuerzan la seguridad nacional y preservan los valores estadounidenses, mientras que activistas advierten sobre posibles abusos.
Por su parte, Matthew J. Tragesser, portavoz del USCIS, defendió la política en declaraciones públicas:
“No es ningún secreto que la guerra contra el fraude de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos incluye dar prioridad a quienes han obtenido ilegalmente la ciudadanía estadounidense”.
El Departamento de Justicia también confirmó que la desnaturalización es una prioridad, enfocándose en personas vinculadas a bandas criminales, fraude financiero, cárteles de la droga y delitos violentos, siempre que existan pruebas sólidas y respaldo legal.
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Preocupaciones por la politización de la ciudadanía
Antiguos funcionarios del USCIS expresaron inquietud por la imposición de cuotas numéricas. Sarah Pierce, exfuncionaria de la agencia, advirtió que:
“Imponer objetivos arbitrarios corre el riesgo de politizar la revocación de la ciudadanía y alimentar el miedo entre millones de estadounidenses naturalizados”.
Amanda Baran, exalta funcionaria del USCIS durante el gobierno de Joe Biden, recordó que la Corte Suprema ha establecido que la ciudadanía es un derecho fundamental que no puede retirarse de manera discrecional.
Desde sectores que promueven leyes migratorias más duras, se defiende el incremento de desnaturalizaciones. Mark Krikorian, director del Centro de Estudios sobre Inmigración, sostuvo que el país aún está “muy lejos” de retirar la ciudadanía a un número excesivo de personas y que el enfoque debería centrarse en quienes la obtuvieron de forma indebida.
Cuántos ciudadanos naturalizados hay en EU
De acuerdo con la Oficina del Censo, en Estados Unidos viven alrededor de 26 millones de ciudadanos naturalizados. Solo el año pasado, más de 800.000 personas adquirieron la ciudadanía, principalmente originarias de México, India, Filipinas, República Dominicana y Vietnam, según datos del USCIS.
En la mayoría de los casos, quienes pierden la ciudadanía regresan al estatus de residentes legales permanentes, aunque el impacto social y psicológico puede ser considerable.
La desnaturalización requiere un proceso judicial exhaustivo. El USCIS debe remitir los casos al Departamento de Justicia, que debe probar ante un tribunal federal, con “pruebas inequívocas”, que la ciudadanía fue obtenida de forma ilegal o mediante ocultamiento de información relevante.
AJA