Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis eran defensores de derechos humanos e integrantes del Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ), una organización indígena que denunciaba abusos cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala.
Su activismo los convirtió en blanco de amenazas, vigilancia y persecuciones por parte de agentes estatales, según determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Los cuatro hombres, originarios del departamento de Quiché, vivían desplazados tras recibir advertencias de que sus vidas corrían peligro. La Corte estableció que fueron perseguidos por el Ejército como parte de un patrón represivo contra líderes comunitarios e indígenas.
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¿Cómo fueron desaparecidos en 1989?
En abril de 1989, los defensores fueron interceptados en la finca Trinidad Miramar, ubicada en Patulul, Suchitepéquez.
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De acuerdo con la sentencia, su captura y desaparición forzada fue ejecutada por integrantes del Ejército de Guatemala, durante un periodo en el que los pueblos indígenas eran considerados “objetivos militares”.
Desde entonces, no se conoce su paradero. Las familias emprendieron una búsqueda desesperada, recorriendo bases militares como Las Cuchillas, archivos estatales y dependencias públicas sin obtener información.
Un Estado que no buscó, no investigó y no sancionó
La Corte IDH concluyó que Guatemala incumplió con todas sus obligaciones: no investigó, no sancionó a los responsables y no realizó una búsqueda diligente.
El fallo ordena al Estado eliminar obstáculos a la impunidad y crear una estrategia nacional de búsqueda de desaparecidos del conflicto armado.
Durante el acto oficial, el presidente Bernardo Arévalo reconoció que el Estado “falló de manera cruel e injusta”. Afirmó que la disculpa no es un trámite legal, sino un compromiso para garantizar la no repetición.
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Las voces de las familias que aún esperan respuestas
Sotero Ruiz, hermano de dos de las víctimas, relató la búsqueda infructuosa que su familia ha hecho durante décadas: “Acá en Guatemala no hay justicia”, aseguró.
Por su parte, Amílcar Méndez, del CERJ, recordó que estos crímenes formaron parte de una represión sistemática que dejó miles de víctimas, archivos quemados y silencios oficiales.
El conflicto armado interno dejó más de 250 mil víctimas y 626 masacres, la mayoría atribuidas al Ejército.
A 35 años, las familias aún claman por lo esencial: saber dónde están.
LSHV