El Gobierno del presidente Donald Trump ha exigido a la Corte Penal Internacional (CPI) modificar su documento fundacional para impedir que el tribunal investigue al mandatario republicano y a altos cargos de su administración. Según un representante estadounidense, Washington está dispuesto a imponer nuevas sanciones si La Haya no accede a frenar pesquisas contra líderes estadounidenses e israelíes, lo que elevaría la tensión diplomática y jurídica entre ambas partes.
Un representante del gobierno, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que la administración ya comunicó estas demandas tanto a los miembros del tribunal como directamente a su liderazgo. El funcionario señaló que existe “una creciente preocupación de que en 2029 la CPI dirija su atención al presidente (…) y busque abrir procesos contra ellos”.
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Amenaza de sanciones y escalada en la confrontación con La Haya
Washington ha advertido que, si la CPI no accede a esta petición y a otras dos relacionadas, detener investigaciones sobre líderes israelíes por la guerra en Gaza y cerrar definitivamente un expediente previo sobre militares estadounidenses en Afganistán, la Casa Blanca impondrá sanciones adicionales.
Las medidas punitivas podrían recaer sobre más jueces, fiscales y funcionarios asociados al tribunal, e incluso afectar institucionalmente a la CPI, lo que aumentaría la hostilidad entre Estados Unidos y el organismo internacional.
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El enviado estadounidense subrayó que sancionar al tribunal representaría un salto cualitativo en la campaña contra la CPI, históricamente criticada por funcionarios republicanos y demócratas que consideran que el organismo “infringe la soberanía nacional”.
Contexto: órdenes de arresto contra líderes israelíes
En noviembre pasado, la CPI emitió órdenes de arresto por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamás Ibrahim al-Masri.
Estas decisiones desencadenaron la reacción inmediata de Washington, que a inicios de año ya había sancionado a nueve responsables del tribunal, incluidos jueces y fiscales, en un esfuerzo por presionar la retirada de estos cargos.
Por su parte, la postura estadounidense se produce en un escenario de creciente confrontación institucional. Para la CPI, acceder a modificar su marco fundacional podría comprometer su independencia y su mandato global en materia de justicia internacional.
Para Estados Unidos, en cambio, la continuidad de las investigaciones supone una amenaza directa a la seguridad jurídica de sus líderes y militares, especialmente tras los procedimientos preliminares sobre Afganistán, que Washington exige cerrar de manera definitiva.
Organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional han advertido que el conflicto entre la CPI y Estados Unidos podría tener implicaciones duraderas en la credibilidad del sistema internacional de justicia penal y en la capacidad del tribunal para actuar en casos de crímenes de guerra en contextos donde participan grandes potencias.
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Sanciones contra miembros de la Corte Penal Internacional
En agosto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció sanciones para cuatro miembros de la Corte Penal Internacional por llevar a cabo investigaciones sobre crímenes de guerra en Gaza y Afganistán, entre otros.
La administración de Donald Trump suma así una nueva ronda de sanciones a la CPI después de la emitida en junio contra cuatro jueces de ese organismo, y la de febrero contra el fiscal Karim Khan.
Esta vez, Rubió anunció restricciones contra Kimberly Prost, de Canadá; Nicolas Guillou, de Francia; Nazhat Shameem Khan, de Fiji, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal.
"Estas personas son extranjeras que participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones", explicó el jefe de la diplomacia estadounidense en un comunicado.
¿Por qué es importante el tema? Estados Unidos, al no ser parte del Estatuto de Roma, rechaza la jurisdicción de la CPI sobre sus militares, agentes o aliados. Al sancionar a jueces y fiscales, Washington transmite que no permitirá que un tribunal externo investigue a sus ciudadanos.
¿Qué implicaron las sanciones?
Las sanciones contemplan el bloqueo de los bienes que los implicados tengan en Estados Unidos y la prohibición de transacciones, incluidas las transferencias o recepción de fondos, entre los señalados y los ciudadanos estadounidenses.
" Estados Unidos ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio a nuestra soberanía nacional y el exceso judicial ilegítimo de la CPI. La Corte representa una amenaza para la seguridad nacional y ha sido un instrumento de guerra legal (“lawfare”) contra Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel", añadió Rubio en su comunicado.
Esta corte, creada por el Estatuto de Roma, se centra en juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.
Sin embargo, países como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de ese organismo y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción.