El Gobierno de Perú informó este viernes que solicitará a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) una revisión y modificación de la Convención de Caracas de 1954, al considerar que se ha distorsionado el principio del derecho al asilo político.
La decisión surge tras el asilo otorgado por México a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo (2021–2022), quien enfrenta un proceso judicial por rebelión y conspiración por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
PUEDES LEER: Jeanine Áñez, enemiga de Evo Morales, sale de prisión tras cuatro años
Te podría interesar
Análisis jurídico y posturas en la región
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, el país no emitirá aún el salvoconducto que permitiría a Chávez salir rumbo a México hasta concluir consultas con juristas y gobiernos regionales.
El comunicado oficial advierte que el derecho de asilo “se ha desvirtuado”, ya que algunos Estados lo utilizan para proteger a procesados por delitos comunes bajo el argumento de persecución política.
La Cancillería subrayó que el Gobierno peruano “no procesa a Chávez por sus ideas, sino por presuntos delitos” y calificó el otorgamiento del asilo como una injerencia en asuntos internos.
PUEDES LEER: Fracasa senado de EU en frenar ataques contra Venezuela
Comparación con el caso Ecuador–México
Lima recordó que su postura es similar a la del Gobierno de Ecuador, que en 2024 enfrentó un conflicto diplomático con México tras el asilo al exvicepresidente Jorge Glas, incidente que culminó con el asalto a la embajada mexicana en Quito.
No obstante, el Ejecutivo peruano descartó recurrir a medidas de fuerza para impedir la salida de Chávez, quien permanece bajo resguardo en la embajada mexicana en Lima.
PUEDES LEER: Nicolás Maduro y su plan para eternizarse en el poder en Venezuela
Ruptura diplomática con México
Tras el anuncio del asilo, Perú rompió oficialmente relaciones diplomáticas con México, que ya se encontraban deterioradas desde 2023, cuando el gobierno mexicano —entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador— se negó a reconocer la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte.
El caso Chávez profundiza las tensiones bilaterales y abre un nuevo debate regional sobre los límites del derecho al asilo político y la necesidad de actualizar los marcos legales que rigen su aplicación en América Latina.