España abrirá una batalla legal para recuperar el archivo de Franco y declararlo bien público, por lo que el Gobierno iniciará acciones judiciales para reclamar el archivo documental de Francisco Franco, actualmente bajo resguardo de la Fundación Nacional Francisco Franco, con el objetivo de integrarlo al dominio público y garantizar su acceso libre a investigadores y ciudadanos.
Así lo confirmó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una entrevista para la TVE, en la misma jornada en que se conmemoraron los 50 años de la muerte del dictador.
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“El archivo pertenece a los españoles”: Urtasun
Urtasun subrayó que los documentos recopilados por la fundación contienen información generada mientras Franco ejercía como jefe del Estado, por lo que deben ser considerados patrimonio público. “Evidentemente pertenecen al dominio público”, afirmó, al remarcar que el archivo es esencial para documentar la represión y los crímenes cometidos durante la dictadura franquista.
El expediente está compuesto por 27.620 documentos digitalizados, que abarcan múltiples décadas: 950 de los años 30, 8.500 de los 40, 9.500 de los 50, 5.700 de los 60 y 1.040 de los 70, además de 2.000 registros sin fecha.
Un informe oficial determina su carácter público
El pasado 4 de julio, el Gobierno concluyó un análisis jurídico para establecer si los documentos debían considerarse privados o públicos. La resolución determinó que todos derivan del ejercicio de funciones públicas del dictador, por lo que deben ser restituidos al Estado y conservados bajo la Ley del Patrimonio Histórico Español.
Paralelamente se impulsa la disolución de fundaciones franquistas
Este procedimiento avanza en paralelo con la iniciativa del Ministerio de Cultura para extinguir la Fundación Nacional Francisco Franco y otras organizaciones que promueven valores del franquismo. El proceso contra la fundación está actualmente en etapa de alegaciones y vence el 24 de noviembre.
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Un pasado marcado por desapariciones, torturas y fosas sin identificar
La dictadura, que se extendió desde 1939 hasta la muerte de Franco en 1975, dejó más de 140 mil personas desaparecidas y miles de ejecuciones extrajudiciales. Muchas víctimas continúan en fosas comunes sin ser localizadas ni exhumadas. El Gobierno busca que el archivo contribuya a esclarecer estos hechos y fortalecer la memoria democrática del país.
LSHV