La tensión aumentó en el Caribe tras el inicio de una amplia operación antidrogas ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La campaña, desarrollada en aguas del Caribe, incluye ataques contra embarcaciones señaladas por presunto tráfico de drogas y dejó un saldo de 21 personas muertas, según reportes oficiales.
Ante esto, el gobierno de Venezuela solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), argumentando que el despliegue militar estadounidense representa una amenaza de “ataque armado” contra su territorio en un “plazo muy corto”.
Declaraciones y justificación de la operación
Desde el 2 de septiembre, fuerzas estadounidenses intensificaron sus operaciones marítimas en la región y destruyeron al menos cinco lanchas rápidas. Autoridades del Pentágono informaron que las embarcaciones transportaban grandes volúmenes de droga.
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Trump afirmó que los cargamentos interceptados contenían sustancias suficientes para causar la muerte de “25,000 estadounidenses”. Expresó también que la ofensiva logró reducir de manera significativa el ingreso de drogas por vía marítima. “Ya no vemos barcos en el agua”, dijo durante una conferencia en la Casa Blanca.
Despliegue militar y apoyo político interno
El operativo incluye ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido con propulsión nuclear y cerca de 4,500 efectivos desplegados en la zona. El comando central estadounidense señaló que las acciones forman parte de una estrategia “de seguridad regional y combate al narcotráfico”.
En Washington, la iniciativa obtuvo respaldo mayoritario entre los senadores republicanos. El Senado rechazó una propuesta de legisladores demócratas que pretendía suspender los ataques en aguas internacionales sin autorización previa del Congreso.
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Solicitudes y movimientos en el Caribe
La operación también generó movimientos diplomáticos. Estados Unidos pidió a Granada permitir la presencia temporal de personal militar y equipos de radar en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Granada informó que examina la solicitud y que cualquier decisión se tomará con base en la “soberanía, la seguridad pública y el interés nacional”. El país pertenece a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Respuesta de ALBA y contexto regional
La alianza regional calificó la operación estadounidense como una acción de “hostigamiento militar sistemático” y una “incursión ilegal” que, según su posición, busca “desestabilizar la región”.
Mientras tanto, Venezuela continúa su llamado a la comunidad internacional para revisar el despliegue y su impacto en la estabilidad del Caribe, en un contexto de creciente tensión diplomática entre Caracas y Washington.
VGB