La mañana del 4 de octubre, una densa columna de humo alertó a los vecinos de este tranquilo poblado costero. Minutos después, los bomberos confirmaban que la casa en llamas pertenecía a Diane Goodstein, jueza del Tribunal de Circuito de Carolina del Sur. El incendio, precedido por una explosión, dejó tres personas heridas, entre ellas Arnold Goodstein, esposo de la magistrada y exlegislador demócrata, quien sufrió fracturas al saltar del primer piso para escapar de las llamas.
Los rescatistas señalaron que las condiciones del terreno —estrechos accesos y escasez de agua— complicaron la labor de extinción. Algunas víctimas tuvieron que ser evacuadas en kayaks debido a la ubicación del inmueble. Según los reportes oficiales, la jueza Goodstein no se encontraba en la vivienda al momento del siniestro, ya que había salido a pasear con sus perros por la playa.
El jefe de la Policía Estatal, Mark Keel, confirmó que las autoridades investigan si el incendio fue accidental o provocado. “Aún no sabemos si hubo intencionalidad, pero estamos reforzando la seguridad en la zona”, declaró. La posibilidad de que se trate de un acto deliberado no ha sido descartada, especialmente en medio del creciente clima de hostilidad hacia el poder judicial.
Te podría interesar
TAMBIÉN LEE: Juez de EU acusa a Trump de atacar inconstitucionalmente a estudiantes propalestinos
La jueza Goodstein aseguró estar bien luego del incendio de su casa, según dijo al medio Daily Mail.
Una jueza en el centro de la polémica
Semanas antes del incendio, Goodstein bloqueó temporalmente una orden del Departamento de Justicia que buscaba acceder a los datos personales de más de tres millones de votantes de Carolina del Sur, incluidos números de Seguro Social y licencias de conducir. La medida formaba parte de una iniciativa del presidente Donald Trump para restringir el voto de los llamados “no ciudadanos”.
Su decisión, posteriormente revocada por la Suprema Corte estatal, le valió ataques en redes sociales y, según medios como The Independent, múltiples amenazas anónimas. El congresista Daniel Goldman acusó a seguidores del movimiento MAGA (Make America Great Again) de haber difundido información personal de jueces que se oponen a las políticas de Trump.
Con más de cuatro décadas en la abogacía y una trayectoria reconocida en Carolina del Sur, Goodstein se ha caracterizado por fallos que priorizan la independencia judicial. Sin embargo, su postura frente a las presiones del Ejecutivo la ha colocado en el centro de una tormenta política y mediática.
Un patrón de ataques y tensión institucional
El caso de la jueza Goodstein no es aislado. En los últimos meses, varios jueces y funcionarios demócratas han sido víctimas de agresiones o amenazas. En junio, la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, fue asesinada junto a su esposo, y en abril se reportó un incendio en la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.
A nivel federal, el juez de distrito Jack McConnell, de Rhode Island, declaró que su tribunal recibió más de 400 mensajes de voz amenazantes luego de bloquear una política del Gobierno. Otros jueces denunciaron el uso del “pizza doxxing” —envíos anónimos a sus domicilios— como método de intimidación.
La exjueza Nancy Gertner, hoy profesora en Harvard, advirtió que “los jueces están preocupados por su seguridad” y responsabilizó a la retórica incendiaria del presidente y de algunos miembros del Congreso. En mayo, más de 150 exjueces firmaron una carta en la que reprocharon al Gobierno por “alimentar el descrédito del sistema judicial estadounidense”.
Trump y la “guerra” contra los tribunales
Contexto: desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha intensificado su enfrentamiento con el poder judicial. En sus redes sociales ha calificado a magistrados críticos como “lunáticos radicales” o “enemigos del pueblo”. En mayo, su portavoz describió a un panel judicial adverso como “activista”, y su asesor Stephen Miller acusó a una jueza de “insurrección legal” por frenar el despliegue de la Guardia Nacional en Oregón.
Aunque los tribunales inferiores han bloqueado cerca del 94 % de las órdenes ejecutivas emitidas por la Administración, el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora y con tres jueces nombrados por Trump, ha revertido la mayoría de esos fallos, según un análisis de la Universidad de Stanford.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE LA SILLA ROTA DE GOOGLE NEWS
El presidente ha llegado incluso a ignorar resoluciones judiciales, como ocurrió con la deportación de venezolanos a pesar de una orden de bloqueo. Para analistas y exmagistrados, estos episodios reflejan un preocupante deterioro del respeto al equilibrio de poderes en el país.
El contexto político hace difícil separar el caso de Goodstein del clima general de tensión entre la Casa Blanca y los tribunales. La imagen de una jueza cuya casa fue reducida a cenizas se suma a la creciente sensación de vulnerabilidad dentro del poder judicial estadounidense, un poder que, en palabras de la jueza Esther Salas, “debe mantenerse firme frente al miedo, porque sin jueces independientes, no hay democracia posible”.
djh