Quito.- La ministra de gobierno de Ecuador, Zaida Rovira, afirmó que los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) no muestran voluntad de diálogo, mientras las protestas contra el alza del diésel y otras demandas entran este lunes en su tercera semana.
Contexto: las protestas en Ecuador que han llevado al presidente Daniel Noboa a declarar un estado de excepción en 10 provincias tienen como principal detonante el alza del precio del diésel tras la eliminación de subsidios por parte del gobierno. Sin embargo, el conflicto ha escalado por varias razones acumuladas que van más allá del combustible.
El motivo de las protestas
Las manifestaciones, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), comenzaron por el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, medida que ha encarecido los costos de transporte, producción agrícola y bienes de consumo en comunidades rurales.
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A partir de esto, la Conaie ha sumado nuevas demandas:
- Rebaja del IVA del 15 % al 12 %, con el argumento de que aliviaría la presión económica sobre los sectores más pobres.
- Derogación de la eliminación del subsidio al diésel, o en su defecto, una mejor focalización de compensaciones.
- Liberación de 12 personas detenidas en Otavalo, acusadas de terrorismo tras un ataque a un cuartel policial.
- Rechazo a la consulta popular convocada por Noboa para el 16 de noviembre, donde se votará sobre posibles reformas institucionales, entre ellas una Asamblea Constituyente.
Gobierno no ve voluntad de diálogo
Tras aclarar que el paro convocado con carácter nacional se ha centrado en pocas provincias, siendo Imbabura la más afectada, Rovira relató que hace varios días lograron dialogar con ciertos grupos de indígenas, pero no con los dirigentes de la Conaie.
"Nuestra posición es abierta al diálogo, pero no podemos permitir que se secuestre a una provincia (Imbabura) y ahora se quiera ir a otra provincia (Pichincha)", dijo en la televisión teleamazonas en referencia a la amenaza del presidente de la Conaie, Marlon Vargas, de tomarse Quito, capital del país y de Pichincha.
"Si el gobierno no hace caso, vamos a estar convencidos de tomarnos Quito. Ya no podemos seguir aguantando. Ya no podemos seguir soportando", señaló Vargas durante una reunión con comunidades el pasado viernes.
Rovira comentó que han procurado "el diálogo con todas las organizaciones indígenas", pero, "lamentablemente no hemos tenido un eco de la otra parte y lo único que encontramos son amenazas".
"En ese marco es muy difícil dialogar aún cuando busquemos todos los mecanismos", dijo al insistir en que "no ha habido ningún espacio para poder dialogar y revisar las propuestas que tiene la Conaie".
¿Medida política?
Rovira cree que "no existe voluntad ni de dialogar y tampoco de presentar propuestas serias" y apuntó que ha quedado "clarísimo que ésta actitud de la dirigencia de la Conaie, (...) porque no obedece a todos los pueblos indígenas, lo único que busca es realizar ya una campaña en contra de la consulta popular y ya no hablan del motivo original de esta medida (diésel), ahora para ellos todo es 'No'".
La Conaie ha avanzado que hará campaña por el 'No' en la consulta popular prevista para el próximo 16 de noviembre en la que, entre otras cosas, se consultará a la ciudadanía sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.
La Conaie también ha pedido bajar tres puntos en el Impuesto al Valor Agregado hasta el 12 %, algo que el Gobierno se niega a poner sobre la mesa, así como una eventual derogatoria de la eliminación del subsidio al diésel, pues señala que ha focalizado ya la entrega de incentivos y compensaciones a los perjudicados por la medida.
Asimismo, la Conaie pide la liberación de 12 personas que fueron detenidas el 22 de septiembre y procesados por 'terrorismo', después de un ataque a un cuartel policial en la ciudad de Otavalo (Imbabura) donde se destruyeron las instalaciones y se quemaron diez vehículos policiales y particulares.
Rovira recordó que la situación de los detenidos no es competencia del Gobierno, por lo que "sería imposible que lo pongamos en una mesa de diálogo, porque sería tanto como meterle la mano a la justicia".
Por ello, insistió en que las puertas están abiertas al diálogo, pero con medidas y propuestas "claras y sensatas".
"Grave amenaza"
Ante la revelación de los sectores empresariales sobre pérdidas que superan los 70 millones de dólares por las protestas indígenas, la ministra insistió en que la posición del gobierno es la apertura al diálogo.
"Nosotros no vamos a declinar posiciones en cuanto a permitir que se incendie el país. Vamos a ser muy firmes en eso: diálogo con todos los que quieran conversar, pero con aquellos que siguen sembrando el caos y el terror, seremos muy firmes", recalcó al recordar que hasta este momento hay 111 detenidos.
La ministra, quien recordó que rige el estado de excepción en diez de las 24 provincias, calificó como una "grave amenaza" el recordatorio del movimiento indígena de que otros presidentes, como Jamil Mahuad (1998-2000) y Lucio Gutiérrez (2003-2005), fueron derrocados por protestas sociales.
"Lo que está haciendo es amenazando, está diciendo voy a dar un golpe de Estado; está diciendo, voy a sembrar el caos y el terror, y en ese contexto actuaremos con la mayor firmeza", advirtió.
Noboa declara estado de excepción en diez provincias
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este sábado un nuevo estado de excepción en diez de las veinticuatro provincias del país por "grave conmoción interna", debido a las protestas indígenas por el alza del precio del diésel que, según el mandatario, "se han tornado violentas".
La decisión "busca detener las situaciones de las medidas de hecho tomadas en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, así como su radicalización, que se ha observado ha sido progresiva, evitando así mayor afectación a la población ecuatoriana", reza el decreto ejecutivo emitido de noche por Noboa.
EL presidente señaló en su decreto de este sábado que "se han rebasado los límites del ejercicio legítimo de los derechos a la protesta y resistencia, configurando una alteración grave del orden público que excede las capacidades de control mediante medidas ordinarias".
Se reportan:
- Ataques a instalaciones policiales
- Bloqueos de vías
- Amenazas de tomar la capital, Quito
- Pérdidas económicas por más de 70 millones de dólares, según el sector empresarial