Tras el reciente anuncio de Meta de eliminar su programa de verificación de datos y reemplazarlo por un sistema de "notas comunitarias", la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su profunda preocupación, al considerar que esta medida representa un grave retroceso en la lucha contra la desinformación.
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La SIP destacó que el modelo de "notas comunitarias", similar al utilizado por la plataforma 'X', no ofrece la transparencia ni el rigor necesario para asegurar que las normas de moderación y curación de contenidos se adhieran a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
"Por ello, este cambio no solo pone en riesgo los derechos de los usuarios, sino que también fomenta un entorno digital susceptible a la manipulación y el abuso. Genera, además, un precedente peligroso si otras plataformas adoptan políticas similares y, además, porque puede incentivar regulaciones estatales que en general se traducen en censura previa, violatoria de normas internacionales".
"La desinformación es una de las principales amenazas para la confianza pública y la estabilidad democrática. La decisión de Meta de eliminar la verificación profesional en sus plataformas debilita un elemento crucial en la lucha contra este problema y deja un vacío que difícilmente podrá ser llenado por un modelo basado en usuarios anónimos", declaró José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y CEO y director de La Prensa Gráfica, de El Salvador.
Eliminar programa de verificación contraviene principios de la Declaración de Salta II
La SIP también destacó que el anuncio del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, contraviene principios fundamentales establecidos en la Declaración de Salta II de la SIP sobre la libertad de expresión en la era digital.
Esta declaración señala que "la diseminación maliciosa o deliberada de desinformación por parte de actores estatales o privados afecta la confianza pública y menoscaba procesos democráticos. Además de las responsabilidades de quienes emitan, distribuyan, amplifiquen o moneticen estos mensajes, se requiere adoptar políticas de alfabetización noticiosa y digital sobre el impacto de las tecnologías".
"Para la SIP, la decisión de Meta de resignar su responsabilidad directa en la verificación de información y delegarla exclusivamente en usuarios anónimos debilita los esfuerzos necesarios para combatir la propagación de noticias falsas, un problema que tiene impacto directo en la distorsión del debate público y, en consecuencia, afecta profundamente la calidad del sistema democrático", resalta el documento.
La entidad que agrupa a más de 1,300 medios de comunicación de todo el continente aludió asimismo al principio 14 de la Declaración de Salta II, el cual establece: "Intermediarios tecnológicos así como desarrolladores de sistemas de IA y de otras tecnologías digitales deben respetar los derechos humanos en el desarrollo de sus actividades, fomentar la libertad de expresión y resistir presiones de gobiernos y grupos de poder. Deben implementar políticas de autorregulación para prevenir en sus plataformas maniobras de desinformación y la vulneración de derechos de terceros. Las normas de moderación y curación de contenidos deben ser claras y transparentes, permitir el ejercicio de los derechos de denuncia y revisión, y adecuarse a estándares internacionales de derechos humanos ".
"Esta medida contradice los principios fundamentales de la Declaración de Salta II, que exige políticas claras, transparentes y basadas en estándares internacionales para combatir la desinformación", advirtió Carlos Jornet, segundo vicepresidente de la organización y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.
Declaración de Salta II de la SIP
La Declaración de Salta II, aprobada en el cierre de la Asamblea General de Córdoba el 20 de octubre, adapta el texto original los nuevos retos que enfrenta la libertad de prensa en el nuevo entorno digital.
Entre los temas clave de esta actualización se incluyen:
- La inteligencia artificial.
- La opacidad de los algoritmos, que puede fomentar la polarización y la difusión de desinformación, minando así el debate público.
- Las disrupciones comerciales generadas por las grandes empresas tecnológicas, que concentran el mercado de la publicidad.
- El derecho de propiedad intelectual, cuyo respeto es fundamental para la viabilidad económica del periodismo.