La Fiscalía de Venezuela solicitó una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei, tras abrir una "averiguación" en su contra por el "robo" del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero.
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El fiscal general, Tarek William Saab, informó que se asignaron dos fiscales especializados para investigar el caso y resaltó que estos fiscales están tramitando la orden de aprehensión contra el presidente de Argentina, así como contra su hermana Karina Milei, secretaria general de la presidencial, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.
"Esto, en las próximas horas, tendrá sus consecuencias en un tribunal competente acá en Venezuela con las respectivas órdenes de aprehensión en los respectos organismos competentes, porque eso no puede quedar impune", dijo Saab.
Además, explicó que, en el caso del avión, que fue "totalmente desmantelado" en Estados Unidos, se incurrió, según la legislación venezolana, en los delitos de "robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir".
Por otra parte, Saab informó de la designación de un "fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes" contra Milei y Bullrich por "las acciones cometidas contra el pueblo argentino".
"Podríamos estar en presencia de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad", expresó.
Venezuela denuncia el traslado del avión como como un "robo descarado"
De acuerdo con información de medios internacionales, el avión llegó a Argentina el 6 de junio de 2022 con una tripulación de cinco iraníes y catorce venezolanos que fueron retenidos inicialmente por la Justicia argentina y puestos en libertad por falta de pruebas en el delito de financiación de actividades terroristas.
No obstante, la justicia argentina había ordenado a principio de este año el decomiso del avión en respuesta a una solicitud formulada en octubre de 2022 por la Corte del Distrito de Columbia de Estados Unidos, que pidió a las autoridades argentinas la confiscación de la aeronave, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.
En un comunicado, difundido en febrero por el canciller venezolano, Yván Gil, Caracas denunció el traslado como la consumación de un "robo descarado" resultado de la "confabulación" entre Washington y Buenos Aires, quienes, según el gobierno venezolano, violaron de manera artera todas las normas que regulan la aeronáutica civil.
Además, el gobierno venezolano consideró este acto como parte de una "vergonzosa operación de rapacería" que se suma a las "agresiones delictivas" ejecutadas por Estados Unidos, incluyendo el secuestro de activos y la imposición de más de 930 sanciones ilegales.
Por último, Venezuela reafirmó su compromiso de emprender todas las acciones necesarias para restablecer la justicia y lograr la restitución de la aeronave a su legítimo propietario.