La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) alertaron sobre el deterioro de las libertades de prensa y expresión en El Salvador, agravadas por el estado de emergencia impuesto por el gobierno de Nayib Bukele desde marzo de 2022. Estas organizaciones llevaron a cabo una misión conjunta al país, donde se reunieron con diversos actores, incluyendo medios de comunicación, asociaciones de periodistas, organizaciones de derechos humanos y representantes diplomáticos, para evaluar la situación.
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La delegación, encabezada por Roberto Rock, presidente de la SIP, y Cristina Zahar, coordinadora del programa para América Latina del CPJ, también sostuvo un encuentro con el Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero. Durante la reunión, discutieron las preocupaciones relacionadas con el acceso a la información y la libertad de prensa en el contexto del estado de emergencia.
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Entre los hallazgos más importantes de la misión, se destaca la restricción del acceso a la información pública por parte del gobierno salvadoreño. Las organizaciones participantes denunciaron la falta de transparencia en temas como la situación en las cárceles y la criminalidad, lo que limita el derecho ciudadano a la información. A esto se suma la creciente opacidad en la entrega de datos oficiales.
Asimismo, periodistas salvadoreños manifestaron sufrir estigmatización, acoso y amenazas constantes de parte de figuras del gobierno y simpatizantes oficiales, incluido el propio presidente Bukele. Estos ataques han generado un ambiente de hostilidad y desconfianza hacia el periodismo, alimentado por campañas de desprestigio que buscan debilitar la credibilidad de los medios.
Desde la instauración del estado de emergencia, se han limitado garantías constitucionales, como la privacidad de la correspondencia y la protección contra detenciones arbitrarias, lo que ha creado un clima de intimidación. Esta situación ha provocado la autocensura entre periodistas, algunos de los cuales han optado por abandonar el país debido a la persecución gubernamental.
El uso del software espía Pegasus contra críticos del gobierno, incluidos 35 periodistas y miembros de la sociedad civil, es otro elemento preocupante. Varios medios de comunicación han sido víctimas de esta vigilancia ilegal entre 2020 y 2021, afectando gravemente la privacidad y seguridad de sus colaboradores.
Otra táctica del gobierno para silenciar a medios críticos ha sido la manipulación de la publicidad oficial, que se asigna mayoritariamente a medios afines al gobierno. Los medios críticos, en cambio, sufren recortes en la publicidad o enfrentan auditorías financieras intimidatorias.
El comisionado presidencial, Andrés Guzmán, negó la existencia de persecución contra la prensa y rechazó las cifras presentadas por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) que muestran un aumento en las agresiones contra periodistas. Guzmán cuestionó la metodología de estos informes y rechazó las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el estado de emergencia.