San Salvador.- La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó este martes la trigésima ampliación del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende derechos constitucionales.
Con los 57 votos de 60, todos de NI y sus aliados, la extensión fue aprobada por un mes más sin debate legislativo, con lo que sigue suspendido el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días.
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"Las medidas extraordinarias han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 81,900 terroristas", indicó el consejo de Ministros en la solicitud de ampliación aprobado.
El documento agrega que "es necesario prolongar dicho régimen de excepción, en lo referente a las medidas extraordinarias, vinculadas a la limitación de los derechos", porque "en este momento son las que resultan ser las necesarias para continuar las actividades operativas de seguridad".
Estas 30 extensiones se han dado a pesar de que el gobierno del presidente Nayib Bukele dice que ha logrado "sanar" al país de las pandillas y que la Constitución señala que una vez superada la situación que dio pie a la medida, se debe levantar.
Este régimen de excepción se ha convertido en la principal y única medida del gobierno contra las pandillas y que le granjeó a Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
Este régimen se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el gobierno y las bandas criminales.
CIDH pide al Estado salvadoreño reparación integral para víctimas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó el miércoles a El Salvador a brindar una "reparación integral" a las víctimas de presuntos atropellos en el marco del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales.
En su informe de país "Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador", la CIDH recomendó las medidas de reparación y "garantías de no repetición".
La CIDH recomienda "elaborar e implementar un plan de reparación integral para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de las detenciones del régimen de excepción, considerando la perspectiva de género y la interseccionalidad de otros factores de vulnerabilidad y discriminación", indicó el organismo.
Apuntó que esta recomendación se da ante "las denuncias de detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas por parte de las fuerzas de seguridad, así como de otras violaciones de derechos en las instancias de administración de justicia y espacios de privación de la libertad".
Indicó que es necesario además "identificar las circunstancias que generaron ese cuadro de presuntas violaciones, las posibles responsabilidades institucionales e individuales".
La CIDH también urgió a investigar la muerte de civiles a manos de fuerzas de seguridad o bajo custodia estatal, además de las que "pueden constituir actos de tortura, con el fin de establecer los hechos y determinar las responsabilidades penales o de otra naturaleza que correspondan".
El ente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también recomendó "poner fin a la suspensión de los derechos y garantías restringidas en el marco del régimen de excepción", entre las que se encuentran la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días.
El Congreso de El Salvador aprobó la suspensión de garantías constitucionales a finales de marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas.
La medida se ha extendido en 30 ocasiones por períodos de 30 días y ha dejado la detención de más de 81,900 personas, de las que se han libertado más de 7,000.
Este régimen de excepción se ha convertido en la principal y única medida del Gobierno contra las pandillas y que le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
Investigaciones del medio local El Faro señalan que el alza de asesinatos que dio pie al régimen de excepción se dio por la ruptura de un pacto entre el gobierno y las bandas criminales.