La Defensoría del Pueblo y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) alertaron que en Perú, el acceso a la información es más difícil para la población vulnerable. Así lo señala un informe que estudió los principales obstáculos que enfrenta la ciudadanía sobre este derecho.
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Pese a reconocer que Perú ha sido uno de los pioneros en implementar una ley de transparencia y acceso a la información pública, el informe presentado este miércoles por la representante de la Unesco en Perú, Guiomar Alonso, señala que la tercera parte de las quejas por falta de acceso a la información en el periodo 2019-2022 fueron presentadas por personas en grupos vulnerables.
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De acuerdo a los resultados del estudio, que recoge por primera vez las quejas por afectación al derecho de acceso a la información, presentadas ante la Defensoría del Pueblo, se advierte que el 31% fueron presentadas por poblaciones en condición de vulnerabilidad.
"Entre las entidades con más quejas destacan los gobiernos locales con un 43%, luego los ministerios con un 34%, Gobiernos regionales con 13%, y otros con un 10%", indicó la Defensoría.
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Desde 2003, la Defensoría del Pueblo ha tramitado 15,775 quejas sobre faltas al derecho de acceso a la información pública y advierte que el "hecho vulneratorio" más recurrente fue la falta de respuesta dentro del plazo legal, con más del 57% de los casos.
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¿Por qué es importante el derecho de acceso a la información?
La representante de la Unesco en Perú, Guiomar Alonso declaró sobre la importancia de defender el derecho al acceso a la información pública de todos los ciudadanos”, al respecto dijo:
"El acceso a la información pública es crucial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Además genera ciudadanía, empodera contra la desinformación y los discursos de odio".
En el mismo sentido, el coordinador residente de las Naciones Unidas en Perú, Igor Garafulic, reconoció la labor de la Defensoría del Pueblo en la materia mientras que exaltaba el hecho de que Perú "ha sido uno de los pioneros en implementar la ley de transparencia y acceso a la información pública".
Mientras tanto, el defensor del pueblo, Josué Gutierrez, recalcó que las poblaciones que han visto vulnerado su derecho al acceso al información en Perú por encontrarse en situación de vulnerabilidad son:
- Personas con discapacidad
- Pueblos indígenas del Perú profundo
- Personas con escasos recursos
Recomendaciones para garantizar el derecho de acceso a la información
Tras estos resultados, la Defensoría plantea al Congreso regular la figura del abuso del derecho en materia de acceso a la información pública y la excepción absoluta del pago de costos en los procesos de hábeas data (recurso de agravio constitucional para proteger derechos a la información).
A las autoridades responsables de la transparencia, les recomienda elaborar un modelo de registro de solicitudes de acceso a la información que pueda ser replicado por todas las entidades públicas.
Finalmente, sugiere a la Presidencia del Consejo de Ministros adoptar las medidas necesarias para la creación e implementación de una Plataforma Nacional de Acceso a la Información Pública, que permita presentar y dar seguimiento a las solicitudes de información.
Alertan sobre riesgos del derecho a la reserva de fuentes periodísticas en Perú
Este mismo miércoles, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un comunicado en el que externa su preocupación por la apertura de investigaciones contra los periodistas Gustavo Gorriti y Juan Carlos Tafur en Perú.
El organismo sostiene que dichas investigaciones “podrían alterar garantías inherentes a la labor periodística” en el país. Por ello hizo un llamado al Estado peruano para “respetar y garantizar el derecho a la reserva de fuentes y resolver las diligencias en su contra según estándares internacionales de debido proceso y libertad de expresión”.
Los cargos por los que se investiga a los periodistas son: los presuntos delitos de cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias y patrocinio ilegal; los cuales les fueron imputados luego de que estos declararán en contra de un ex asesor de la Fiscal de la Nación, quien los acusó de interferir en las investigaciones del caso “Cócteles” e influenciar en la gestión del ente investigador.
“En el marco de estas investigaciones, la Relatoría conoció que el fiscal supremo provisional requirió al periodista la entrega de los números telefónicos utilizados entre enero de 2016 y abril de 2021, y solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones”, alertó la RELE.
La RELE advierte que esta diligencia se produce dentro de un contexto de hostigamiento, intimidación y estigmatización dirigidos hacia el medio de comunicación IDL-Reporteros y su director. El periodista Gustavo Gorriti es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión debido a las amenazas recibidas, presuntamente relacionadas con su labor periodística y el ejercicio de su libertad de expresión en el país.
La RELE alertó que en Perú no hay condiciones para garantizar la “libertad de denunciar actos de corrupción, el desarrollo del periodismo investigativo y el ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir información relativa a corrupción”.
“Cualquier medida tendiente a incautar material periodístico que requiera revelar fuentes tiene el potencial de generar un efecto intimidatorio y restrictivo de la libertad de expresión”, agregó.
VGB