La determinación de la Corte Constitucional de Ecuador, no ha impedido al gobierno de Daniel Noboa declarar un nuevo estado de excepción. Al focalizar esta medida en varias provincias del país, Noboa ha burlado la resolución de inconstitucionalidad de este estado extraordinario, el cual no está debidamente fundamentado.
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La decisión de declarar un nuevo estado de excepción, pese al freno de la Corte Constitucional, se tomó este miércoles durante la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), celebrada en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo en Ecuador. En la reunión estuvo presente Daniel Noboa.
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Según afirmó la asesora presidencial, Diana Jácome, la decisión de este nuevo estado de excepción ha sido decidida de forma unánime y cuenta con el apoyo de todos los miembros del Cosepe. Jácome argumentó que el estado de excepción "es necesario en varias provincias por el número de actos delictivos del que cada uno de nosotros hemos sido testigos".
"Es importante tomar acciones y por ello el Gobierno nacional ha decidido decretar un nuevo estado de excepción. La seguridad de todos los ecuatorianos es primordial para este Gobierno", incidió.
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La funcionaria no detalló las provincias que serán parte de este nuevo Estado de excepción, pero señaló que el decreto será entregado a la Corte Constitucional "para que emita el dictamen que corresponda".
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Corte Constitucional rechaza Estado de excepción de Daniel Noboa
El pasado viernes 10 de mayo, la Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional el anterior estado de excepción decretado por Daniel Noboa con el fin de combatir la delincuencia organizada. Dicho estado de excepción duraría 60 días y se impondría en cinco provincias (Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena y El Oro), todas ellas situadas en la zona costera del país.
En esa ocasión, el máximo tribunal de Ecuador determinó que el Gobierno de Daniel Noboa no ha justificado la configuración de "conflicto armado interno" esgrimida para declarar esta medida de carácter extraordinario. Por ello, tras una votación de siete votos a favor y dos en contra, se determinó que el estado de excepción es inconstitucional.
La magistrados constitucionales resolvieron que "tampoco se ha justificado su ámbito territorial y temporal de aplicación ni que los hechos aludidos no puedan ser enfrentados a través del régimen ordinario”.
La medida había sido emitida el 30 de abril y contemplaba la movilización de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía para combatir a la delincuencia organizada y la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio, para poder ingresar y registrar inmuebles sin orden judicial.
Estado de excepción en Ecuador
En el momento de emitirse ese estado de excepción todavía no había entrado en vigor la reforma a la Constitución aprobada por referéndum el pasado 21 de abril, en la cual se permite a los militares brindar apoyo permanente a la Policía en operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de Estados de excepción.
El Estado de excepción fue la medida a la que recurrió el Gobierno de Daniel Noboa para combatir al crimen organizado, lucha que elevó al grado de "conflicto armado interno" al catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. Pero también le entregó un control totalitario del país.
Desde enero de este año, Daniel Noboa decretó un Estado de excepción a nivel nacional, el cual estuvo vigente desde el 8 de enero hasta el 7 de abril. Con él, militarizó las cárceles, uno de los epicentros de la crisis de violencia en Ecuador, ya que muchas prisiones estaban dominadas por las bandas criminales.
A las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, se les atribuye la ola de violencia que azota a Ecuador y que le ha llevado a figurar entre los primeros países de Latinoamérica con más homicidios, con una tasa de 47 por cada 100,000 habitantes en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
Este miércoles la organización internacional Human Rights Watch (HRW) envió una carta a Noboa para expresarle que sus evaluaciones sobre ese primer estado de excepción determinaron que la declaración de "conflicto armado interno" no está suficientemente motivada y que esa medida contribuyó a serias violaciones de los derechos humanos.
VGB