En Venezuela, la represión política del Gobierno encabezado por Nicolás Maduro no cesa y continúa inhabilitando a políticos de la oposición, incluso en funciones, para impedir que se presenten como candidatos en las elecciones regionales y municipales que se realizarán el próximo año.
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Apenas esta semana, la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer el nombre de cinco políticos de opción, entre los cuales se encuentran dos alcaldes en funciones, quienes serán inhabilitados para ejercer cargos públicos entre 12 meses y 15 años.
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Estos 5 políticos eran considerados potenciales candidatos de la oposición en las próximas elecciones regionales y municipales de Venezuela, por lo que se especula que podría deberse, como en el caso de María Corina Machado, líder de la oposición a quien se le impidió participar como candidata a la presidencia; por motivos políticos.
La inhabilitación de estos políticos venezolanos no ha sido aclarada por las autoridades, quienes solo informaron su decisión de inhabilitarlos para ejercer cargos públicos.
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Los 5 políticos inhabilitados en Venezuela son:
- Carlos Ocariz, exgobernador del estado Miranda
- José Fernández, actual alcalde del municipio Los Salias, en el estado Miranda
- Tomás Guanipa, ex parlamentario y miembro de la delegación de la Plataforma Unitaria Democrática en las negociaciones con el gobierno
- Elias Sayegh, alcalde del municipio El Hatillo
- Juan Carlos Caldera
“Veo en redes que la Contraloría de Miraflores por tercera vez me inhabilita por 15 años, como todas las otras veces, sin notificarme. Pero eso hoy no es lo importante, lo indispensable es habilitar el voto de los millones de venezolanos que están negados a vivir en la miseria”, escribió Tomás Guanipa en la red social X.
No es la primera vez que el Gobierno de Nicolás Maduro inhabilita políticos de oposición sin que antes se efectuar un proceso judicial, pues en los casos de la líder opositora, María Corina Machado; y del ex candidato presidencial, Henrique Capriles, sus inhabilitaciones se dieron mediante la Contraloría General de la República únicamente como una sanción administrativa, sin causa.
Debido a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado las inhabilitaciones administrativas argumentando que solo puede inhabilitarse a un ciudadano de participar en los procesos electorales mediante la condena de un juez, con garantías del debido proceso.
Mientras tanto, la sociedad civil ha reclamado que estas inhabilitaciones “arbitrarias” tienen el propósito de erradicar la competencia electoral del Chavismo e impedir que los políticos de oposición se presenten en los comicios, poniendo en riesgo el régimen de Maduro.
Por su parte, el Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ACNUDH), Volker Türk, llamó al gobierno de Venezuela a garantizar el debido proceso de procedimientos con respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos.
VGB