El sistema de salud en Chile se enfrenta ante una situación que pone en la cuerda floja a las aseguradoras de salud privada, las cuales brindan servicio a alrededor del 20 por ciento de chilenos. Esto, tras el avance del proyecto de ley corta de isapres, promovido por el gobierno del presidente Gabriel Boric en mayo de 2023, en el Senado, y en las que se les obliga a cumplir con dos fallos de la Corte Suprema.
El proyecto de ley busca otorgar una salida a las empresas privadas de seguros médicos, las cuales han quedado en riesgo de bancarrota, tras un fallo de la Corte Suprema que las obliga a devolver unos 1,180 millones de dólares a sus afiliados por cobros excesivos, además de otro en el que se les obliga a ajustar sus precios según una nueva taba factores.
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La medida fue aprobada por 40 votos a favor, una abstención y un voto en contra, tras lo cual, pasará a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación en el mes de marzo. Aunque el proyecto fue aprobado por los senadores, no todos los puntos del dictamen fueron aprobados.
La medida fue celebrada por la ministra de salud, quien señaló que el Ejecutivo no desistirá de las medidas que fueron rechazadas, las cuales garantizaban que a los afiliados de las isapres se les devolviera dinero por cobros excesivos y se les ajustarán los precios sin discriminación de sexo y edad.
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“El proyecto permite dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema. Esto quiere decir que, una vez aprobado, las personas van a ver una rebaja en sus cobros”, explicó la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
En total, el proyecto contenía 30 apartados, de los cuales, la más polémica es la que autoriza a las isapres a realizar nuevas alzas a sus precios base, como medida para evitar la crisis financiera en la que caerán tras ajustar sus precios a lo que diga el Consejo Consultivo que será creado tras la aprobación de la nueva ley.
La posibilidad de un alza a los preciso fue una propuesta que inicialmente fue rechazada por la Comisión de Salud, ello por considerar excesiva la pretensión de que esta alcanzará el 41 por ciento, pero posteriormente, la Comisión de Hacienda del Senado decidió reintroducirla. Ante esto, la ministra de Salud se comprometió a establecer un tope.
Por su parte, las isapres habían solicitado que se les permita aumentar su tarifas hasta un 41 por ciento con el propósito de lograr el equilibrio financiero de la industria, ya que de lo contrario, amenazaron, con que esto provocaría la quiebra de su negocio, dejando a sus cerca de tres millones de afiliados a la deriva.
“El cumplimiento de la sentencia provocará un desajuste abrupto en los ingresos y egresos de las isapres y en atención a ese desbalance estamos apostando a este ajuste extraordinario. Por eso hemos dicho que estamos disponibles a establecer un techo, y lo haremos saber en la Cámara de Diputados”, explicó la ministra.
Además, esta ley rebajará la deuda de las isapres con sus afiliados hasta llegar a los 451 millones de dólares, sin embargo, la medida fue rechazada al considerar que con esto no se cumple con la sentencia de la Corte Suprema a favor de los afiliados, a quienes se les debe pagar 1,180 millones de dólares por cobros excesivos. Aun así, se ha aprobado una rebaja de la deuda, aunque no se precisa de cuánto.
El gobierno de Gabriel Boric ya ha reaccionado a la posibilidad de rebajar la deuda de las isapres señalando que de hacerse, tramitarán una reserva de inconstitucionalidad, por considerar inadmisible los cambios propuestos en el proyecto, informó el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.
El gobierno de Boric está en un tira y afloja con la oposición y las aseguradoras para encontrar una solución a la crisis del sistema de salud privado, que se desató tras el fallo de la Corte Suprema en noviembre de 2022.
VGB