El expresidente y posible candidato republicano para las elecciones de noviembre de 2024, Donald Trump, fue multado a pagar 354,9 millones de dólares por exagerar el valor de sus propiedades en Nueva York con el objetivo de obtener préstamos más favorables.
De acuerdo con la legislación antifraude de Nueva York, que inició con un caso de naturaleza civil, el magnate ya no podrá dirigir ningún negocio en ese estado; la decisión del juez Arthur Engoron impacta significativamente en la reputación del empresario, sobre todo ahora que se dirige en actos de campaña rumbo a los comicios por la presidencia.
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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, buscaba además limitar drásticamente la capacidad de Donald Trump para realizar negocios de todo tipo en el estado, incluso solicitó cinco años de suspensión para sus hijos, Donald Jr. y Eric, quienes también fueron acusados.
La sanción económica se suma a otro fallo en un caso civil donde el ex mandatario estadounidense fue condenado a pagar un total de 88 millones de dólares por abusar sexualmente de la columnista E. Jean Carroll y difamarla.
Ahora, esta condena representa un golpe significativo para Trump, cuyo principal atractivo siempre fue su éxito como empresario antes de ingresar a la política.
Implicaciones para el imperio inmobiliario de Donald Trump
Derivado de la sentencia de este viernes 16 de febrero, el ex presidente Donald Trump no podrá ser funcionario o director de ninguna empresa en Nueva York por, al menos, tres años.
Con un monitor independiente y director de cumplimiento que supervise los negocios del magnate, el juez Arthur Engoron anuló la sentencia de septiembre de 2023, en la que ordenaba la "disolución" de las empresas controladas por Trump.
Y es que, de acuerdo con las acusaciones, el político y empresario estadounidense, y los miembros de su familia que figuran en listas directivas de su imperio inmobiliario, habrían sobrevalorado su patrimonio neto hasta en 3.600 millones de dólares al año durante una década, con el fin de engañar a los banqueros y que le concedieran mejores condiciones crediticias.
No obstante, estos hechos han sido negados y rechazados por Donald Trump, quien asegura que el caso se trata de una "venganza política" por parte de la fiscal Letitia James, quien es una demócrata electa.