Bélgica dio un paso histórico al reconocer los derechos laborales de las trabajadoras sexuales, convirtiéndose en el primer país en ofrecerles beneficios como contrato de trabajo, pago por maternidad y acceso a pensiones por jubilación o desempleo.
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Esta ley, aprobada en mayo y vigente desde este domingo, les garantiza los mismos derechos que a cualquier otro trabajador, como seguro médico, prestaciones familiares y vacaciones anuales. Además, permite que las trabajadoras sexuales rechacen clientes, fijen sus condiciones laborales y terminen el acto cuando lo deseen, siempre en un entorno seguro e higiénico. También, si deciden dejar su trabajo de manera voluntaria, no perderán su derecho al desempleo.
“Las personas que ya están trabajando en la industria estarán mucho más protegidas, y las personas que van a trabajar en la industria también sabrán cuáles son sus derechos”, afirmó en redes sociales el sindicato belga de trabajadores sexuales, UTSOPI.
Regular la profesión para “evitar la explotación laboral”
Antes de esta ley, Bélgica ya permitía el trabajo sexual autónomo, ya que en 2022 los legisladores despenalizaron la actividad y limitaron la definición de proxenetismo para facilitar que las trabajadoras sexuales pudieran acceder a servicios bancarios y otros servicios profesionales.
Ahora, la nueva legislación permite que las trabajadoras sexuales sean empleadas bajo contrato, lo que les otorga mayores derechos laborales y protección. Esto incluye regulaciones sobre horas de trabajo, salario y medidas de seguridad.
Sin embargo, la normativa solo se aplica a quienes firman un contrato de trabajo para actividades sexuales físicas y excluye a trabajadores autónomos como freelancers o escorts, así como actividades como pornografía, striptease o trabajo en cámaras web. Además, no se permitirá trabajo sexual bajo contrato para estudiantes o con contratos temporales.
¿Proxenetas podrán operar legalmente?
Bajo la nueva legislación, los proxenetas podrán operar legalmente, pero solo si cumplen estrictas normas; aquellos con condenas por delitos graves no podrán emplear trabajadoras sexuales.
Erin Kilbride, de Human Rights Watch, apoya la medida, señalando que las restricciones a los empleadores reducirán significativamente su poder sobre las trabajadoras sexuales, favoreciendo un entorno más seguro y justo para ellas.
"Espero que se ahuyente a los malos empresarios y que se quede la gente buena que quiere ejercer esta profesión honestamente, y cuantos más seamos, mejor", dijo a BBC.