El presidente de la ONG venezolana Foro Penal, Alfredo Romero, informó que, desde tempranas horas de este 16 de noviembre, se han producido "algunas" excarcelaciones de reos considerados "presos políticos", detenidos luego de las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales del 28 de julio.
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A través de una publicación en X, Romero indicó que hasta las 08.30 hora local (12.30 GMT) han sido liberadas 10 personas de la Cárcel de San Francisco de Yare, ubicada en el estado Miranda (norte), único penal cuya cifra de excarcelados precisó.
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El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) confirmó, en la misma red social, excarcelaciones en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, también en el estado Miranda, sin precisar una cifra.
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La organización indicó que las mujeres liberadas recibieron medidas cautelares.
El OVP agregó que familiares de los jóvenes detenidos en las cárceles de los estados Aragua (norte) y Carabobo (norte), conocidas como Tocorón y Tocuyito, se encuentran a las afueras de estos centros penitenciarios a la espera de posibles excarcelaciones.
El viernes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que su despacho ante los tribunales revisar 225 casos del total de detenidos tras las presidenciales del 28 de julio -estimado en 2.400 personas por el Ejecutivo.
"Se han solicitado 225 revisiones de medidas a procesados por estos sucesos que conmocionaron al país y dejaron la lamentable cifra de 28 personas fallecidas, cerca de 200 lesionados y 500 bienes públicos y privados destruidos", dijo el fiscal, en alusión a la crisis desatada luego de los comicios, en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador.
Explicó, en una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que esta decisión se tomó "luego de exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios" y en coordinación con tribunales.
Varias ONG y partidos opositores han identificado a cerca de 1.850 personas aprehendidas tras las presidenciales, en protestas contra la reelección de Maduro o en operativos policiales, entre ellas 69 menores de edad, así como decenas de mujeres y militares, casi todos señalados por delitos como terrorismo y conspiración.