A más de un año del intento de golpe de Estado contra el poder legislativo del expresidente peruano, Pedro Castillo, y que terminó con su remoción y aprehensión; la Fiscalía de Perú presentó la acusación penal en su contra por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Delitos por los que está solicitando una condena de prisión de 34 años.
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Además de la condena contra Pedro Castillo, la Fiscalía peruana está solicitando una pena de 25 años de cárcel para la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez (actualmente bajo prisión preventiva); y para los extitulares del Interior Willy Huerta, y Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez, actual congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú; quienes habrían sido partícipes del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
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El entonces ascensor de la PCM y ex primer ministro de Perú, Aníbal Torres, también está siendo acusado por el Ministerio Público nacional, quien solicita una condena de 15 años de prisión en su contra por el delito de rebelión.
A todos ellos, la Fiscalía los está señalando como partícipes en el desarrollo del plan para tomar el Congreso de manera ilegal, así como las entidades de justicia del país e instalar un gobierno de excepción, en el que el presidente, jefe supremo de la Policía y las Fuerzas Armadas, tendría facultades legislativas.
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Por ello, el Ministerio Público emprendió acción penal contra tres policías por seguir órdenes para facilitar el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, por lo que también se solicitó una condena de prisión de 25 años. Los oficiales acusados son: el general PNP Manuel Lozada Morales, al comandante PNP Justo Jesús Venero Mellado y al teniente PNP Eder Antonio Infanzón Chávez.
De acuerdo con diarios peruanos, la acusación penal contra Pedro Castillo se da tras la finalización de la investigación del caso por parte de la Fiscalía, lo cual habría ocurrido el pasado mes de diciembre de 2023.
También se indicó que el fiscal Uriel Terán había firmado la acusación poco antes de ser cesado al frente de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios.
A ello, solo faltaba que la acusación sea enviada formalmente ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del caso. Sin embargo, fuentes de El Comercio confirmaron que el mismo despacho fiscal, hoy bajo la dirección del fiscal Alcides Chinchay, ya cumplió con presentar el requerimiento al Poder Judicial.
VGB